“Vamos a entregar un estado con buena estabilidad financiera”, no hay licuadora y no hay señalamientos de la Auditoría Superior de la federación; tampoco se incrementó la deuda pública ni un peso.

Dijo el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, al aseverar que desde el 2016, lo que hubo en Veracruz fue un cambio de régimen.

Al señalar que en su primer año de administración se detectaron 400 millones de pesos en observaciones, contra 13 mil millones de pesos de desvíos en el último año de Javier Duarte, remarcó que las finanzas se quedan sanas.

Al explicar las condiciones financieras del estado a diputados locales, refirió que el déficit financiero era de 20 mil millones de pesos, dijo que en el 2016, acudió a la Federación para responsabilizarlos moralmente de los problemas económicos de la entidad.

“El gobierno federal aceptó que tenía una responsabilidad con Veracruz y nos ayudó” dijo el mandatario sin especificar cuál fue la forma en que el Gobierno de Enrique Peña Nieto se hizo cargo de dicho problema.

Al hablar de la reingeniería administrativa y financiera, dijo que se eliminaron gastos superfluos y además se evitó ahorcar económicamente a la siguiente administración, pues prueba de ello es que este Gobierno no dejará ninguna deuda a proveedores o contratistas.

A la diputada de Morena, Margarita Corro Mendoza, le refirió que los 3 mil millones de pesos de “libre disposición” no fueron usados en campañas políticas como ella lo acusó en tribuna.

Le dijo que a “su partido, Duarte les daba 2 millones de pesos mensuales”, situación que se acabó en este Gobierno, pues no se financiaron campañas políticas.

En ese sentido, dijo que también se frenó lo que llamó “un fraude transcenental” en el que el anterior Congreso, aprobó un decreto donde se obligaba al gobierno pagar 40 mil millones de pesos a proveedores que a su vez, eran “coyotes” o empresas fantasmas.

Agregó que en esta lista, aparecía una empresa de un socio de Arturo Bermúdez Zurita y otros empresarios que eran prestanombres de políticos.

En un acto de responsabilidad financiera, dijo que vetó la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, aprobado por la pasada legislatura, pues de haberla dejado transcurrir, se generaría una carga de 600 millones de pesos a la siguiente administración.

Sobre el mismo IPE, remarcó que necesita una reingeniería administrativa pues de seguir así, en pocos años no tendrá viabilidad financiera y colapsará.

Respecto a la Iniciativa vetada, corresponde al siguiente Gobierno, echarla a andar o desecharla.