FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO.- Hay un tema que a todos nos debiera preocupar mucho y ese es el nivel tan bajo en el que está cayendo nuestro sistema de impartición de justicia, ya que nunca se había sometido tan descaradamente al poder político como lo está haciendo ahora y lo anterior se ve reflejado en varios casos en los que la ley no se aplica en su literalidad sino a contentillo de quienes están en el poder sin importar lo descarado de las decisiones tomadas por los juzgadores.
Tenemos un ejemplo con el reciente espectáculo mediático provocado por el arribo a nuestro país de Emilio Lozoya Austin, quien supuestamente llegó privado de su libertad, aunque todo indica que su detención terminó en el momento en que las autoridades del Reino de España lo entregaron a las mexicanas ya que, salvo las imágenes tomadas en la madre patria, nunca se vio alguna que demostrara esa condición jurídica por parte del imputado ya en territorio nacional.
Simplemente lo subieron en un avión particular y al llegar a México lo trasladaron por medio de sigilo y con engaños a los reporteros que cubrían la fuente a un hospital de lujo en donde esperó que se realizaran las audiencias iniciales en ambos procesos y una vez que las mismas se llevaron a cabo y que no enfrentará prisión preventiva, seguramente irá a su casa.
Caso que contrasta notablemente con el de Rosario Robles y eso que según lo que la misma Fiscalía General de la República ha hecho público se les imputan delitos muy similares, los que básicamente consisten en malversación de fondos y uso indebido de sus atribuciones como funcionarios públicos.
Sin embargo y a diferencia del imputado ya mencionado, la suerte de Rosario hasta este momento ha sido totalmente diferente; ya que le tocó un juez que por razones familiares tiene una animadversión hacia ella, lo cual se demostró hasta en la manera parcial y hasta irrespetuosa de conducir la audiencia y que de manera intransigente ordenó su internamiento en prisión, ya que a su decir ella tiene todas las características que la ley señala para que una persona pueda sustraerse de la acción de la justicia.
Estas características básicamente son que no tenga arraigo en el lugar del juicio, que tenga los medios para huir y que quiera destruir pruebas o intimidar a los denunciantes; situaciones que en el caso de Rosario quedaron más que en duda, ya que es notorio que su lugar de residencia es la Ciudad de México, hasta fue jefe de gobierno y el empleo federal que tuvo también tenía su asiento ahí, aunado a su familia vive ahí y a que se presentó voluntariamente ante el juez que la requirió y que al dejar el cargo automáticamente perdió todo acceso a las que fueron sus oficinas, sin mencionar que la única evidencia para apresarla era una licencia de manejo que resultó ser falsa.
Mientras que en el caso de Emilio la situación es diferente en el sentido de que sí huyó del país y si está aquí es porque fue extraditado, o sea la fuga no es un riesgo o posibilidad, sino que fue consumada; siendo esta una razón más que suficiente para mantenerlo en prisión mientras no solo promete arreglarse con la fiscalía sino hasta que se cumpla el acuerdo y si realmente es útil la información que proporcione para lograr otras condenas, ya que en eso consiste el criterio de oportunidad que quieren aplicar en este caso.
Pero el criterio de oportunidad que sí es una figura legal solo aplica hasta que se hace el acuerdo y se cumple, no puede existir a futuro y lo cierto hasta este momento es que Emilio fue vinculado a proceso dos veces y se fugó cuando supo que lo iban a llamar a comparecer.
Además, ese criterio de oportunidad debe de considerar que necesariamente puede haber un grado de culpa, ya que el imputado tenía un nivel de decisión bastante importante, era el director de Pemex y al pretender decir que sus superiores lo presionaron para actuar como dicen que actuó nos recuerda a los nazis que dirigieron campos de exterminio que fueron juzgados y que trataron de echarle toda la culpa a Hitler cuando en realidad ellos mismos tomaron muchas decisiones en las atrocidades que cometieron.
Solo que a diferencia de estos criminales de guerra que en la mayoría de los casos no evitaron el castigo que les correspondía, aquí en México la situación va a ser muy diferente, porque el investigado ahora imputado por delitos de cuello blanco cuenta con la protección expresa del ejecutivo federal.
Por eso es que la ley no se está aplicando en su literalidad, ya que en un caso hasta violándola se mantiene a una persona en prisión y en el otro descaradamente se deja libre al imputado solo porque el presidente de la república dice que es un testigo protegido.
Así es el camino que está tomando nuestra justicia penal, la cual está dejando de ser legalista para convertirse en caprichosa, es decir está perdiendo su calidad de imparcial para convertirse en una justicia de cuarta al servicio de la cuarta.
Twitter: @FelipeFBasilio
