En su particicipación, explicó que la incorporación de esta conducta como falta grave que se actualiza cuando el servidor público ordena, autoriza o realiza el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de determinados recursos financieros, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar observaciones, estos se desvíen nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban destinadas por disposición legal.
Mencionó que al tiempo que las normas secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción eran expedidas, la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe General de la Cuenta Pública 2015, hizo del conocimiento público la existencia de diversas denuncias contra servidores públicos de varios estados de la república, como Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, por la comisión de una conducta conocida como “simulación de reintegro de recursos”.
“Misma conducta que en pleno marco del Sistema Nacional Anticorrupción, se omitió incorporar a la legislación. Es lamentable que la simulación de reintegros se esté convirtiendo en una práctica común por parte de los gobiernos estatales. Es fácil para los estados hacer un depósito, reportar ante la Auditoría Superior de la Federación que devolvieron el dinero del que se señaló un presunto mal uso, pero días después lo retiran”, resaltó.
Añadió que los Estados dependen fuertemente de las transferencias federales, condicionadas y no condicionadas, en específico, de los recursos presupuestales sobre los Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Destacó el ejemplo en el caso de Veracruz, donde se observó la simulación de reintegros de recursos hasta por un monto de 4,770.2 mdp (cuatro mil setecientos setenta millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.).
Dicha conducta consistió, en que posterior a que la Auditoría Superior de la Federación hiciera diversas observaciones al gobierno estatal veracruzano, referentes a los recursos que fueron utilizados sin justificación alguna para fines distintos a los establecidos por la ley, el gobierno local reintegró las cantidades observadas por la auditoría.
Sin embargo, una vez que la Auditoría Superior de la Federación determinó como solventada la observación, el Gobierno de Veracruz volvió a retirar tales recursos destinándolos a un uso que en muchos casos se desconoció.
Exhortó a la mesa directiva y a los grupos parlamentarios a tomar en cuenta la experiencia vivida por el pueblo de Veracruz, y de otros estados, que en los últimos años sufrieron la aplicación ilegal, por parte de las autoridades gubernamentales, de los recursos destinados a salud, educación y seguridad pública, mediante la incorporación de tal conducta como grave dentro de la ley general de responsabilidades administrativas.
“Lo anterior, porque no podemos permitir que este tipo de prácticas se conviertan en meras observaciones administrativas, sin la consecuencia de castigos más severos, a fin de que el servidor púbico piense dos veces antes de cometer esta conducta” remarcó el senador veracruzano.
Rementería del Puerto, dijo que también se generará responsabilidad y calidad en el ejercicio del gasto, ya que en la medida en que eviten tal conducta, serán mejores los resultados del gasto público en los estados y menores las observaciones en las revisiones de las cuentas públicas.
El senador señaló que la corrupción es un factor que incide de manera negativa en el crecimiento social, cultural, económico y político del Estado, genera pérdida de confianza en las instituciones, demora en la solución de los problemas sociales y la lucha contra la desigualdad.
