FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO.- Como consecuencia de la cultura del terror que se manifestó a raíz de la pandemia que todavía está presente en el mundo, muchas cosas cambiaron y aunque la mayoría fueron para mal debido al terrorismo mediático, es preciso reconocer que algunas lo hicieron para mejorar.
Y es que los grandes cambios, sobre todos los tecnológicos, siempre han estado ligados a eventos traumáticos principalmente a las guerras y en segundo lugar a eventos naturales como el que estamos viviendo.
No hay que olvidar que los caminos se desarrollaron y luego modernizaron para movilizar tropas más rápido, lo mismo sucedió con el ferrocarril, con los barcos y hasta la aviación que conocemos hoy en día tiene un origen militar.
Con la tecnología de las comunicaciones pasó algo similar, la internet surgió como un modo de comunicación militar al igual que en su momento lo hicieron los telégrafos y las frecuencias radiales y todos los medios de comunicación que les antecedieron.
Pues de esa misma manera, en gran parte del mundo e incluso de nuestro país la evolución en la impartición de justicia es ya una realidad y la justicia electrónica está llegando para quedarse.
Como sucedió en muchas de las tecnologías que se mencionaron al principio, la justicia electrónica tuvo una fase experimental lenta y aletargada, tan solo en nuestro país algunos procesos administrativos se llevaban de esa manera y de manera muy relegada los amparos.
Digo que muy relegada porque, aunque ya llevaba el juicio de amparo en versión electrónica casi tres cuartos de década, la realidad es que ni autoridades ni litigantes se lo tomaron muy en serio y tan es así que aunque desde 2013 existían las firmas electrónicas en el Poder Judicial de la Federación, hasta relativamente hace poco tiempo se pudieron utilizar.
Sin embargo, llegó la pandemia y después de una desorganización como de tres meses, la impartición de justicia en el fuero federal se volcó totalmente hacia la justicia en versión digital e incluso ahora revocan domicilios físicos cuando se autoriza una cuenta electrónica para recibir notificaciones y ya es innecesario consular físicamente los expedientes, porque los mismo están íntegramente disponibles en cualquier ordenador, incluyendo escritos de las partes.
Como consecuencia de ese cambio, ya no se necesita acudir al órgano jurisdiccional casi para nada ni mucho menos pedir copias ni simples ni certificadas de cualquier resolución o constancia de un expediente, debido a que las mismas llegan autentificadas con la firma electrónica del funcionario que las emitió a la cuenta de usuario del abogado que esté a cargo del asunto.
Tan solo con eso es fácil darse cuenta del ahorro de tiempo, recursos naturales (papel) y económicos que la impartición de justicia representa tanto para los justiciables como para sus abogados y para el Estado y ya sin mencionar que la justicia se vuelve a impartir en los tiempos legales.
Pero mientras tanto ¿Qué sucede en Veracruz?, la respuesta es nada, porque aquí ni a los legisladores ni a los juzgadores les interesa el justiciable y lo único que han atinado a hacer es crear una simulación jurídica en la que se aparenta que abogados y jueces trabajan sin resolver de fondo el problema de los justiciables.
Y es que hay una gradual apertura para recibir todo tipo de escritos (eso sí impresos), publicar sentencias y autos incluso con el sentido que tienen éstos pero sin correr términos procesales; lo cual da como resultado que tanto abogados como servidores públicos de los órganos jurisdiccionales hagan de cuenta que trabajan pero al no correr términos procesales ninguna resolución llegará a ser eficaz, puesto que carecerá de la firmeza necesaria para exigir su cumplimiento, en pocas palabras la justicia no se imparte.
Pero lo que más llama la atención es que casi nadie clama por digitalizar la impartición de justicia en el Estado, no se molesta ni a diputados ni a magistrados y ninguno de esos actores dice o propone algo al respecto y solamente están apoltronados en sus cómodos sillones esperando a que la pandemia ceda y mientras tanto cobran sus jugosos emolumentos.
Es decir que por su cortedad de miras solamente están esperando a que se acabe la pandemia y algún día volver a abrir como antes, cuando la realidad es que las cosas ya cambiaron y mucho ya que no sabemos cuándo dejará de ser peligrosa la pandemia o si vendrán otras mutaciones de la misma que obliguen a cerrar nuevamente las actividades.
Por ello lo que se debería ya de pensar y con urgencia no es en lo que ya pasó, sino en que eso mismo ya no vuelva a ocurrir y para ello lo que se necesita es legislar y aplicar la justicia digital en todos los juicios que a la fecha son escritos, porque aparte de las bondades que en párrafos anteriores se mencionaron, la impartición de justicia no se vería seriamente afectada por otro cierre de actividades.
Aunado a que mucha de la pequeña corrupción (aclaro que al decir pequeña no me refiero a su tamaño que no lo es tanto sino a que se da en los eslabones más bajos del aparato judicial como lo son los escribientes) que hoy en día existe en los juzgados, con la implementación y operación de expedientes digitales sería prácticamente erradicada.
Y este último punto debe de ser muy relevante para la mayoría legislativa que hoy por hoy existe en el Congreso de Veracruz, ya que un día sí y otro también dicen que su objetivo principal es extirpar la corrupción que viene desde el pasado, aquí tienen una verdadera oportunidad señores legisladores.
Y si los legisladores o los magistrados (algunos muy estudiosos, por cierto) no lo hacen, ya es tiempo de construir una iniciativa ciudadana para modernizar verdaderamente a la justicia veracruzana.
Llevamos medio año sin impartición de justicia, ¿Cuánto tiempo más acumularemos con este problema?
Twitter: @FelipeFBasilio
