Francisco L. Carranco.- Nuestro país, en últimas fechas, ha desarrollado la protesta social como un recurso importante para llamar la atención de la opinión pública, sobre ciertos asuntos que afectan a colectivos, agrupaciones, organizaciones de todo tipo e, incluso, a la sociedad que se manifiesta en conglomerados contra acciones consideradas arbitrarias y violatorias de los derechos humanos y civiles.
Con mayor frecuencia las protestas han sido contra el estado, contra sus dependencias e instituciones que tienen la obligación de dotar y garantizar, precisamente, el cumplimiento de las leyes y mandatos constitucionales, además, de garantizar el orden y la concordia de la sociedad mexicana.
Un embrollo se hace cuando algún grupo, colectivo o movimiento “social” decide salir a las calles en son de protesta para exigir, denunciar, acusar a las instituciones públicas o privadas que, desde su particular óptica e interés, consideran que están siendo vulnerados sus “derechos” y salen a las calles a protestar contra el incumplimiento, generalmente, del gobierno en acciones para beneficio de esos grupos.
Y diariamente, porque ya se ha hecho costumbre, las manifestaciones inundan las ciudades del país y, principalmente, la Ciudad de México, la que absorbe el cumulo de protestas del tema que sea contra el Estado, lo importante es cobijarse en la reacción de la opinión pública para que esta, también, en un conglomerado, exija al Gobierno el cumplimiento de promesas o compromisos realizados con antelación con esos grupos u organizaciones entre más pueblo se sume más presión habrá para la respuesta del Gobierno.
Y así ha trascendido que los grupos y movimientos logran sus canonjías, respuestas y cumplimiento a los intereses de grupo o de líderes que aprovechan la necesidad de los miembros que comandan, más la inconformidad del pueblo que se ve afectado en el transporte, cierre de calles, afectación e comercios y otras anomalías que afectan el orden y la sana convivencia.
Tradicionalmente los mexicanos que son afectados con alguna marcha o manifestación y protesta de ciudadano, se conformaban de alguna manera con relativa aceptación y conformismo de los afectados porque, finalmente, pensaban que la protesta era efímera y se podía recuperar la movilidad en una horas sin mayores consecuencias, pero…
A partir del empoderamiento de esos grupos y otros que ven en las manifestaciones, marchas y protestas una industria que saben que, con los bloqueos y cierres de vialidades, trastocan la paciencia ciudadana y traen como consecuencia respuestas inmediatas a sus intereses, tanto que la libre manifestación de ideas y protestas con causa se ha degradado y devaluado a acciones de vandalismo puro, donde ya no importa la protesta importa el destrozo, ataque sistemático contra el gobierno y sociedad civil, violencia, robos, golpes y propensión a generar miedo en la ciudadanía y echarle la culpa al gobierno o a los militares.
Ejemplos tenemos muchos, primero eran los grupos opositores al sistema, paracaidistas, comerciantes ambulantes, gremios de transporte pirata, las organizaciones campesinas, agrupaciones políticas, trabajadores, agrupaciones de toda índole, ONG´s, que tenían algún reclamo, casi siempre por incumplimiento en las políticas públicas del gobierno.
Los protocolos de seguridad pública de las ciudades que sufren la cotidianeidad de estas manifestaciones, ordenadas o violentas, como derecho de la ciudadanía, tienen que cumplir con el orden estipulado para la protección del resto de los ciudadanos, sus pertenecías, su integridad física, además, de la infraestructura urbana de las ciudades y la propiedad privada.
Un mal entendimiento de la aplicación y observancia de los derechos humanos ha provocado que las manifestaciones sean cada vez más violentas, porque los manifestantes se sienten protegidos por esas organizaciones, sin embargo, los derechos humanos no protegen el vandalismo ni ningún tipo de agresión contra la propiedad privada e integridad física de los ciudadanos, la actuación violenta de cualquier manifestante incurre en delitos que debe ser castigados por las instituciones de seguridad pública.
Sin embargo, también, la ignorancia ciudadana sobre los alcances de las instituciones garantes de los derechos humanos desconocen la esencia o espíritu de la declaración universal sobre los mismos, y esos organismos que no protegen delincuentes ni ningún tipo de vandalismo, ni violencia extrema que los ahora nuevos manifestantes ostentan como un derecho ganado, lo que no es así.
Los cuerpos policiacos, el ejército, la marina y otras organizaciones del orden público han sido estigmatizados por esas organizaciones violentas, como cuerpos policiacos represores y bajo esa bandera los manifestantes se ensañan contra las policías y ejercito así como con la infraestructura urbana, misma que destruyen sin ningún recato convirtiendo las manifestaciones y marchas en verdaderos actos vandálicos ante la observancia pasiva de la fuerza pública ninguneada.
Las agresiones contra elementos de seguridad, edificios públicos, propiedades privadas, museos, iglesias y hasta periodistas son parte ya de los expedientes acumulados en la carretada de ataques de las asociaciones feministas, anarquistas y todas las que provocan actos vandálicos y destructivos bajo el principio de que la Ley les hace los mandados.
Tan sólo hace unos días de este año, grupos de manifestantes víctimas de feminicidio, estuvieron involucrados de manera directa a una serie de daños cometidos contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” tomaron y se apropiaron del edificio y de un acto de protesta se convirtió en un botín de dos colectivos en pugna por los beneficios que les representa la “protesta” en el nombre de víctimas de feminicidio para convertirse en delincuentes de segunda, aparte, de ser señalados como organizaciones corruptas por el colectivo contario por la obscuridad en el manejo de beneficios y algún tipo de ayuda económica que estaban recibiendo de la sociedad.
El otro evento, igual de grave, la multitudinaria manifestación de agricultores y empresarios agrícolas de Chihuahua que, en defensa del agua, tomaron la Presa “La Boquilla” expulsaron al ejército, luego de un enfrentamiento con gases lacrimógenos de los uniformados y golpes a palos y piedras contra la guardia nacional que, bajo amenaza de una trifulca de consecuencias funestas, optaron por dejar la presa en manos de los campesinos y ciudadanos afectados por el cumplimiento del tratado de aguas de 1944.
En ciudad de México el sábado estuvo tenso por el control de la manifestación de los simpatizantes de “FRENA” que fueron impedidos para llegar al zócalo por contingentes de la policía de Cd. De México, las manifestaciones en orden o violentas no tardan en replicarse en el resto del país.
¡Así las cosas!
