FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO.- Las elecciones se acercan y me hubiera gustado escribir acerca de que el abanico de opciones es amplio y que podemos escoger entre tal o cual programa o candidato, pero la realidad es que tenemos que escoger solamente entre dos opciones o limitamos al actual gobierno o seguimos como estamos o aún peor, porque la destrucción de las instituciones va a ir en aumento.
Una máxima de la democracia, es que esta es capaz de regularse a sí misma por medio de las elecciones periódicas y en un sistema presidencialista como el nuestro, ése es precisamente el fin de las elecciones intermedias, ya que a través de ellas se somete a la consideración popular la actuación del gobierno a la mitad de su gestión y aunque el ejecutivo no se toca, sí se le evalúa aumentando o restando su fuerza legislativa.
Y ya que hablamos de fuerza legislativa, es necesario señalar que lo mejor es que haya un equilibrio en las legislaturas federales y locales entre gobierno y oposición, eso sin importar cuál sea la fuerza política que ocupe el gobierno, ya que en un país con un frágil e inmaduro sistema democrático como el nuestro, es ampliamente preferible la parálisis por tener congresos divididos a tener mayorías aplastantes en favor de quien gobierna.
Lo anterior es así, porque como se ha visto es muy fácil que quien ocupa la titularidad del poder ejecutivo caiga en la tentación de convertirse en monarca absoluto o que quienes gobiernan no solo violen las leyes existentes a su antojo, sino que también promulguen normas jurídicas diseñadas solo para reprimir cualquier disidencia.
Y así tenemos a un presidente (López) que se siente una especie de rey medieval y que desprecia a la ley ¡y eso que supuestamente estudió leyes!, pero que si se le ocurre que solo se puede producir electricidad quemando residuos petroleros que nadie en el mundo quiere utilizar por caros y contaminante y para ello expide un reglamento que es detenido en los tribunales por parte de quienes se consideran afectados y que como esa primera medida no le funciona debido a que su reglamento va en contra del sistema jurídico, entonces promulga una ley ordenando a sus “tropas” legislativas, ya que sus diputados no son representantes populares pensantes sino que solo son meros soldados incapaces de cambiar una coma a las iniciativas del presidente, que pasen lo que pide sin hacerle la más mínima modificación.
Una vez que dichas normas jurídicas son aprobadas por las mayorías legislativas, resulta que de igual manera son frenadas por las autoridades judiciales debido a la impugnación presentada por quienes se sienten afectados y que cuestionan la constitucionalidad de las mismas y entonces el presidente se lanza con todo en contra de los jueces que suspendieron la aplicación de las leyes por él creadas acusándolos sin pruebas de lo de siempre (corrupción y de estar al servicio de intereses oscuros, hasta da nombres de quienes tienen esos intereses), los manda a investigar y como también tiene un presidente de la Corte obsequioso a sus deseos, la queja sin pruebas ni fundamentos enviada por el presidente es presentada por el mismo titular del Consejo de la Judicatura que a la vez es el ministro presidente que mencionamos.
Y digo que es obsequioso el ministro presidente, porque si hay alguna institución que es quisquillosa con todas las solicitudes que se le hacen, esa es precisamente el Poder Judicial de la Federación que a cualquier particular le desecharía por notoriamente improcedente una queja sin pruebas ni fundamentos como la que envió López.
Mas no para ahí la cosa, sino que también dijo el presidente que, si su reforma legal era invalidada por ser contraria a la constitución, entonces va a tratar de modificar la constitución y si la logra modificar y aun así su reforma se atora por algún tratado internacional, entonces el gobierno mexicano denunciará todos los tratados internacionales que sean necesarios hasta conseguir que su voluntad prevalezca.
Lo último ya no lo dijo, pero es el guión a seguir y prueba de ello es que como el gobierno no está de acuerdo con las evaluaciones que hacen a Pemex en relación a su situación financiera, deciden dar por terminados los contratos con las evaluadoras.
Hago aquí una precisión que considero necesaria y esa es que en lenguaje diplomático denunciar un tratado internacional significa que un Estado que está obligado por el mismo, de manera unilateral decide salirse de él y, por lo tanto, rompe así sus obligaciones para con los demás firmantes del mismo.
Otro caso de abuso legislativo por parte de un gobierno que tiene una mayoría legislativa absoluta lo tenemos en el estado de Veracruz, donde su legislatura a contracorriente de las tendencias nacionales e internacionales, aprobó una serie de reformas al Código Penal local para tipificar como agravante del delito de ultrajes a la autoridad algo tan vago como “ejercer violencia en contra de una autoridad en el cumplimiento de sus funciones”.
Siendo dicha agravante totalmente contraria al derecho penal moderno por ser imprecisa en su enunciado, ya que no especifica qué se entiende por “ejercer violencia”, ya que violencia es un término tan amplio que va desde algo tan simple como proferir un insulto o poner una mala cara hasta algo tan grave como la violencia física usando un arma letal.
Y al ser tan vago el tipo penal descrito, se presta para todo tipo de abusos; ya que bastaría con que cualquier autoridad diga que fue insultada para iniciar un proceso penal en contra del presunto infractor, quien además sería tratado como un delincuente peligroso.
Siendo por ello que la reforma al código penal de Veracruz que comentamos es un despropósito jurídico diseñado solo para legalizar la represión, ya que por poner un ejemplo: se puede penalizar a quien haga mofa de lo mal que lee el gobernador un comunicado o de que se enreda a la hora de hablar, ya que dicha burleta puede considerarse como ejercer violencia en contra de un servidor público en el ejercicio de sus funciones, ¡A ese grado pretende el gobierno llegar!
Además de que para el caso de que la violencia ejercida sea verdaderamente grave, ya existen tipos penales que describen plenamente las conductas a sancionar y prevén las sanciones correspondientes, tales como el homicidio, las lesiones, entre otros que pudieran actualizarse.
Lo comentado en esta columna es una invitación para reflexionar sobre la conveniencia de establecer límites en las cámaras al gobierno, ya que el Poder Legislativo debe de ser el contrapeso natural al ejecutivo debido a que es el que representa a la sociedad y si se constituye de una forma que efectivamente sea independiente del Ejecutivo ganaremos todos ya que las instituciones serán respetadas y los programas de gobierno serán negociados.
En junio tenemos la posibilidad de elegir si queremos en un régimen de institucionalidad o en uno el que mande el garrote.
Twitter: @FelipeFBasilio
