Javier Laertes.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió una recomendación en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuando estuvo a cargo de Jaime Téllez Marié y a la Fiscalía General del Estado cuando el titular era Jorge Winckler Otriz, por violentar los derechos de Juan Antonio Nemi Dib ex funcionario estatal.
Y es que en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, Nemi Dib fue detenido en el estado de Puebla, para ser trasladado a territorio veracruzano y recluido en el penal de Pacho Viejo, donde desde su detención fue golpeado, junto con sus acompañantes, entre ellos su hijo.
Por estos hechos, la CEDH emitió la recomendación 23/2021 a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado, durante el gobierno de Yunes Linares.
El propio Juan Antonio Nemi Dib, ex director del DIF y ex Secretario de Salud estatal, señaló que el objetivo de los funcionarios yunistas era obligarlo a declarar en contra de la ex presidenta del DIF estatal Karime Macías Tubilla.
Por lo anterior, puntualizó que se investigaron los hechos a fondo, por lo que dentro del expediente CEDHV/3VG/DOQ-1548-2018, la CEDH contó con los argumentos para determinar que Nemi Dib había sido objeto de violación a su derecho como persona privada de la libertad, así como el derecho a la integridad personal y el derecho de las víctimas con un trato cruel e inhumano.
Es por ello que la Comisión a cargo de Namiko Matzumoto Benítez, emplazó a las dependencias del Gobierno del Estado a reparar el daño de las afectaciones que, en salud, psicológicas y económicas haya sufrido el ex funcionario estatal.
En la recomendación se pide a la Secretaría de Seguridad Pública que Juan Antonio Nemi Dib sea incorporado al Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tenga acceso a la atención médica y psicológica, así como al suministro de medicamentos que requiera, a causa de la violación a sus derechos humanos.
Asimismo, se “pague una compensación” “por el daño moral que le generaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que fue víctima durante la privación de su libertad en el CERESO; así como que se “pague una compensación por los gastos que tuvo que absorber para el tratamiento de las complicaciones médicas que sufrió como consecuencia de la falta de atención médica oportuna dentro del penal”.
En tanto a la Fiscalía General del Estado le pide igual determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados y reforzar la capacitación en el respeto al derecho de las víctimas.
Ambas dependencias tendrán 15 días para responder la afirmativa a la Recomendación 23/2021 y 15 más para hacer llegar las pruebas del cumplimiento de la misma.
Además de la exoneración del Proceso Penal 139/2017 que se instruyó en contra de Juan Antonio Nemi Dib por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, cometido en agravio del servicio público.
Nemi Dib fue detenido el 23 de diciembre de 2017 en Puebla, donde desde ese momento fue objeto de abuso por parte de la entonces autoridad, asimismo cuando fue recluido en el penal de Pacho Viejo, donde a su llegada fue encerrado en una celda de castigo por más 36 horas sin razón aparente, además de ser golpeado lo que generó afectaciones a su salud sin recibir atención médica inmediata.
