FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO //
Ahí está, casi sin hacer ruido, se está llevando a cabo una contrarreforma, la cual es de las más retrógradas de las que se han hecho en los últimos tiempos y que por ese silencio casi nadie se ha dado cuenta de ella.
Quizá lo han hecho un poco quienes la han padecido pero sin alcanzar a comprender cabalmente todo su contexto y es que a diferencia de la educativa que restauró los privilegios de los sindicatos educativos y desterró las innovaciones que buscaban una mejor educación para los mexicanos o de la energética que ahora se discute y que busca revertir las mejoras tanto regulatorias como de competencia que ahora existen en ese importante sector de la economía nacional y que quien sabe si llegue a su objetivo de restaurar el monopolio del Estado debido a que más allá de su aprobación legislativa, existen muchos instrumentos jurídicos que la pueden hacer inviable.
Más estas contrarreformas fueron y son muy mediatizadas y comentadas debido a que necesariamente requieren de modificaciones constitucionales y legales que las hacen ser el centro de un importante debate e incluso ponen sobre aviso a quienes pueden verse afectados para que preparen su estrategia para buscar la manera de frenarlas, principalmente en la energética en donde hay muchos intereses listos para defenderse.
Sin embargo, la contrarreforma a la que me refiero ha pasado prácticamente desapercibida debido a que no necesita de modificar leyes y por ello no genera debate y eso se debe a que se basa en dejar de aplicar las leyes que le dieron vida reformando a las instituciones en las que opera.
Y me refiero a la procuración de justicia o investigación y persecución de los delitos, materia que en los últimos años se ha distinguido por el secuestro de las fiscalías y la consiguiente inoperatividad en la que la mayoría de ellas han caído.
Y esto se debe a que tanto la fiscalía federal como la mayoría de las estatales simplemente se han abstenido de investigar los delitos que se les denuncia o que llegan a su conocimiento, ya que salvo que se trate de asuntos políticos de persecución a opositores al gobierno, casos en los que hasta tratan de fabricar pruebas para forzar hechos, los resultados que ofrecen estos organismos encargados de procurar justicia son casi nulos.
Para entender mejor la gravedad de la contrarreforma en procuración de justicia es necesario entender que de acuerdo con la legislación vigente , las fiscalías son entes autónomos que tienen por objeto y obligación investigar la comisión de cualquier posible delito que llegue a su conocimiento, ya sea por denuncia que consiste en que alguien le ponga en su conocimiento hechos que podrían ser delictuosos, querella que es cuando alguien acusa por verse afectado por posibles delitos y que la ley lo permite o por simple noticia criminal cuando se trata de un hecho notorio y hecho público, como lo es una masacre de las tantas que por desgracia hay en México.
Y la contrarreforma consiste en que las fiscalías ni son autónomas ni tampoco investigan la inmensa mayoría de los posibles delitos que conocen, limitándose a ser una especie de policía política como lo fueron la KGB y la Gestapo.
Y ambos efectos contra rreformadores corren naturalmente y casi sin ser perturbados debido a que en primer lugar culturalmente en este país no existe la exigencia social para hacer que las autoridades persigan el delito y en segundo a que efectivamente es bien visto que las fiscalías sólo sean el brazo coercitivo del gobierno en turno para imponerse sobre partidarios y opositores.
Lo anterior se demuestra con el ejemplo de que para muchos mexicanos el policía más ejemplar que ha existido en este país fue Fernando Gutiérrez Barrios, quien anduvo en tantas aventuras políticas que hasta los cubanos le deben a él su dictadura pero que así mismo fue incapaz de llevar a la cárcel a algún verdadero delincuente.
Cabe hacer la aclaración que ese personaje no fue procurador, sino que estuvo en seguridad pública, lo para el caso es lo mismo ya que su función fue obedecer ciegamente al presidente en turno sin importarle en lo más mínimo los delitos que afectaban a la población.
Por ello a casi nadie llama la atención que los fiscales sean del equipo del Ejecutivo, más bien lo es lo contrario, ni tampoco el que gran parte del país esté controlado por la delincuencia y que en lugar de que contados y hasta famosos por la misma razón sean los casos sin resolver, estos sean tan comunes y corrientes que excepcional es que alguno se resuelva.
Porque así de dolorosa esa es la realidad en nuestro país y cuando se empezaba a ver un cambio, las fiscalías siguieron siendo policía política como lo eran en la época de Gutiérrez Barrios, es más ahora ya ni siquiera se escucha de la certificación que se comenzaba a exigir tanto a mandos como a elementos de esas corporaciones.
La reforma legal y constitucional que dotó de instrumentos y capacidades para que las fiscalías fueran autónomas y eficientes y sobre todo para que estuvieran al servicio del ciudadano y no del Ejecutivo, se llevó a cabo en las dos primeras décadas de este siglo mientras que su inoperancia se radicalizó a partir de 2018, ya que desde esa fecha toda la capacidad investigadora del Estado se ha volcado en persecuciones políticas, mientras que las verdaderas víctimas de cualquier tipo de violencia languidecen dando vueltas y vueltas por los escritorios de las fiscalías, siendo los suyos, a pesar de aportar los elementos necesarios, casos sin resolver.
Twitter: @FelipeFBasilio
