Javier Laertes
La construcción de la obra “Torre Pediátrica” se autorizó por la pasada administración municipal del puerto de Veracruz el último día de gestión, a pesar de contar con irregularidades como es la falta del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), así como la altura que supera los seis pisos la cual no es competencia del municipio.
El titular de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, reiteró que se violó la Ley al otorgar el permiso de construcción de la obra con las dimensiones que se está construyendo, por lo que ex funcionarios podrían enfrentar consecuencias legales.
Puntualizo, que la normatividad no faculta a los integrantes de una Comuna para conceder autorizaciones cuando las edificaciones superan los seis pisos –en este caso 23-, y en este caso se avaló, un día antes de concluir la gestión en 2017.
“La Ley prevé que los municipios no pueden autorizar una construcción de más allá de seis pisos y para autorizar una torre de estos niveles, necesitaba una MIA que nunca se presentó y por lo tanto el acta de Cabildo en su momento es ilegal, porque el municipio le permite ampliar de seis a 23 pisos la torre sin la MIA”, explicó.
Señaló que existe responsabilidad directa del Cabildo porteño que en su momento dio el aval, al incurrir en el incumplimiento de un deber legal y el Código de Procedimientos Penales estipula las sanciones a aplicar.
“El Cabildo que autorizó fue el Cabildo de la Administración de Ramón Poo, fue el último día de su administración, el 31 de diciembre y hay incluso votos particulares de algunos regidores en dónde puntualizan perfectamente que no hay las condiciones legales para autorizar una construcción de esta magnitud”, puntualizó.
Adelantó, que a través de la Subprocuraduría le darán vista a la Fiscalía Especializada Anticorrupción para que desarrolle la indagatoria correspondiente contra Poo Gil y los ex ediles.
Al reiterar que la principal problemática que presenta el proyecto es la falta de la MIA, el funcionario estatal expuso que el fallo del TEJAV también mandata a las autoridades actuales del puerto a actuar en contra de la torre porque no tiene los permisos necesarios y puede ser un riesgo para la ciudadanía y la salud pública.
“Los dueños de la Torre no se han sujetado a la autoridad en materia medioambiental, nosotros lo que necesitamos es hacer una evaluación precisamente, revisar lo que es el impacto al aire, al agua, es un tránsito de aves migratorias y la altura de la torre es muy preocupante los vidrios que se utilizan, la planta de tratamiento de aguas residuales, es decir, hay una serie de factores que no fueron evaluados en tiempo y forma”, detalló.
Recordó los jueces que llevan este litigio en los tribunales tienen la facultad de ordenar al Municipio de Veracruz a revertir los permisos de construcción dados en su momento y a demoler la edificación.
“Es lo que procede, ni es la Procuraduría de Medio Ambiente ni es la Secretaría de Protección Civil las facultadas en este caso, quién caerían una omisión en dado caso de que los jueces así lo determinen, las facultad es total del Ayuntamiento porque ellos son los que dan el permiso de construcción”, finalizó.
