FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO- En días pasados el presidente de la república publicó en el Diario Oficial de la Federación un “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los procesos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.
Inmediatamente después de que el mencionado instrumento jurídico fue dado a conocer, se produjeron numerosas reacciones en las que tirios y troyanos expresaron muchas veces con virulencia sus argumentos, los unos para defender y los otros para vituperar al gobernante, llegándose a ponerle el mote de “decretazo” al acuerdo de marras.
Ese mote tiene su razón de ser en que son bien conocidos los rasgos autoritarios y el desprecio por la legalidad que tiene el presidente en turno y desde luego que por esas razones y por el contenido del mismo acuerdo, (el cual ordena la clasificación como de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México en diversas ramas y que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional; así como también se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a fin de garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados y esas autorizaciones provisionales durarán un año) es que se dice que tiene la intención de gobernar por decreto, tal y como lo hacen muchos dictadores.
Más a fin de evitar confusiones y de poner las cosas en su justa dimensión, considero conveniente verter algunas consideraciones que permitirán ver cuál es el verdadero fin de esa disposición.
En primer lugar, hay que aclarar que el ordenamiento jurídico que ha sido llamado como “decretazo” no se trata de un decreto, sino que es un acuerdo y esto es importante señalarlo, porque mientras los primeros pueden afectar a los particulares, los acuerdos en derecho administrativo sólo son instrucciones que los superiores jerárquicos giran a sus subordinados y ese es el caso que nos ocupa, ya que solo busca que las dependencias y entidades públicas federales se conduzcan de la manera que ahí se indica, por lo tanto que se trate de un decreto es un mito.
En segundo lugar, cuando se dice que este acuerdo busca fomentar la opacidad y por ende la corrupción en la obra pública resulta ser cierto, pero así ha sido en general el actuar de esta administración desde su inicio, ya que siempre ha buscado evitar las licitaciones y realizar los contratos por medio de adjudicación directa que generalmente recaen ya sea en empresas fantasmas o de amigos de los altos funcionarios públicos y por tanto se trata de una realidad.
Lo que sí es un mito es cuando se dice que con esa instrucción se va a evitar dar a conocer los montos y a los agraciados que los reciban cuando se lleve a cabo un ejercicio de transparencia, ya que en todo caso la aplicación de este acuerdo va a hacer más tortuoso el mecanismo de rendición de cuentas debido a la instrucción de clasificar como reservada esa información mas no va a evitar que el INAI ordene su desclasificación, ya que cuando la administración pública niega una información dicho instituto tiene la última palabra para mantener revocar dicha negativa.
Sucediendo lo mismo con lo que se dice que con este acuerdo se busca evitar que los jueces de amparo detengan las obras iniciadas por el gobierno que lesionen los intereses de particulares y esto es así porque el juicio de amparo procede en contra de todo acto de autoridad y tanto este acuerdo como los permisos provisionales de los que trata son actos que pueden ser reclamados por la vía del amparo y en consecuencia un juez federal puede suspender y en su momento detener en definitiva cualquier obra de las comprendidas por ese acuerdo.
Resultando por el contrario una verdad indiscutible el hecho de que el tiempo está pasando y por ende se agotan las oportunidades para cumplir con los caprichos presidenciales y de paso embolsarse la mayor cantidad de recursos posible, ya que no hay que olvidar que este casi sexenio (cinco años y diez meses) ya lleva más de la mitad de su duración.
En resumen, podemos decir que lo que se busca con este acuerdo es fomentar la corrupción al hacer complicada y tardada la obtención de la información relacionada con la obra pública que lleve a cabo el gobierno.
Por último y comentando el desfile conmemorativo del 20 de noviembre, que pareció ser del mes siguiente, ya que en el templete se vio un árbol de navidad o por lo menos eso pareció, cuando apareció en escena el general secretario repleto de colgajos y cintas; en fin ¡cada cosa que se ha visto en los últimos años!
Twitter: @FelipeFBasilio
