Javier Laertes.- Los ex servidores públicos de la pasada administración que hayan desacatado las recomendaciones que se emitieron en su momento tanto de carácter administrativo como ante una responsabilidad institucional en violación a los derechos humanos, podrían continuar con la investigación penal, señaló la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), NAmiko Matzumoto Benítez.
En entrevista hecha el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Pública (CEIS), explicó que, a pesar de haber concluido su encargo los procesos prescriben hasta tres años después.
“Todas las recomendaciones donde se establece que hay una responsabilidad institucional, se solicita además que la dependencia recomendada haga una investigación y determine las responsabilidades individuales”, apuntó.
Recordó que además se debe de revisar la temporalidad de estos procedimientos, porque tratándose de la facultad de sancionar por responsabilidad administrativa, la propia ley establece un término que prescribe la oportunidad de hacerla, pero no así en un acto u omisión que constituyó una vulneración a los derechos humanos.
“Tres años establece la ley de responsabilidades administrativas, eso no implica que si eventualmente un acto o una omisión que constituya una vulneración a los derechos humanos de manera paralela, porque así puede ocurrir constituyera delito, si bien no pudiera ser sancionado por la vía administrativa porque hubiera transcurrido el plazo que señala la ley para ejercer esa facultad, habría la posibilidad de continuar la investigación por la vía penal”, reiteró.
Finalmente, Matzumoto Benítez puntualizó que lo anterior, se contempla de manera general, pues se tendría que analizar caso por caso, para saber en qué hipótesis se encuentra.
