Esta marcha fue supuestamente convocada en forma autónoma y espontánea por mujeres que se unieron para manifestar su respaldo a su candidata, misma que argumentan es víctima de una campaña en la que se la agrede con violencia de género.
Esa marcha ni fue Ciudadana ni fue espontánea. Hay un amplio registro fotográfico que da cuenta del acarreo en camiones de las mujeres que fueron llevadas incluso desde zonas indígenas para participar en esta marcha y a las que se les entregaron playeras que fueron transportadas en pacas en la batea de varias camionetas que tenían la leyenda “Rocío no estás sola”, lo que pone de manifiesto que no fue una marcha de Mujeres, sino un mitin proselitista.
Tanto la marcha como el posicionamiento dado a conocer con motivo de la misma, intentan colocar a la Sra. Nahle como víctima de una orquestada campaña en su contra, respecto de lo cual es necesario puntualizar que los señalamientos que se han hecho en su contra por presunto enriquecimiento inexplicable y los relativos a su origen situado en el Estado de Zacatecas, no constituyen violencia de género alguna. Y aunque en efecto, a las colectivas no nos corresponde determinarlo, nosotras sí somos expertas en el tema y confiamos en que la autoridad sea la que determine su procedencia o no.
Respecto al primer señalamiento, incluso se han efectuado ya las denuncias ante la autoridad correspondiente, por lo que será en los tiempos y formas legales que la señora candidata deberá explicar la procedencia de los recursos de las diversas viviendas que le han sido adjudicadas y la forma en que estas fueron adquiridas o rentadas.
Sobre la determinación sobre si las referencias a haber nacido en el Estado de Zacatecas son constitutivas de violencia digital, será el órgano electoral el encargado de determinar su procedencia o no, derivado de la denuncia que ayer el grupo de Mujeres congregado para acompañar a la señora Nanni, interpusieron.
Ante estos hechos, las presentes señalamos que:
Es absolutamente reprobable el uso político de la causa feminista para intentar victimizar a una candidata con presuntos señalamientos de enriquecimiento.
La violencia contra las mujeres en Veracruz que mantiene a la entidad en los primeros niveles nacionales de feminicidio, de desaparición de mujeres y niñas y de Violencia política hace que sea sumamente irresponsable y poco sensible el pretender adjudicarse la condición de víctima como estrategia electoral.
Reprobamos en acarreo, el violentamiento de las mujeres a las que se llevó a esta marcha y el uso perverso de la imagen de la Colectiva las Brujas del Mar en algunas de las playeras que fueron distribuidas por los organizadores de la marcha, como un intento de legitimar una expresión Manipulada.
Respecto de las mujeres que fueron llevadas a participar en esta marcha, entendemos que las obligan y que la precariedad de su condición de vida las hace temer el poder perder su trabajo. Muchas nos han escrito para repudiar lo hecho por su partido.
Adicionalmente, es preciso señalar que a través de los medios de comunicación se ha logrado identificar a algunas de las personas organizadoras de esta marcha que son funcionarios y funcionarias en activo que incurrieron en uso indebido de un deber público y que esperamos que la Contraloria interna de las dependencias involucradas actúe con la responsabilidad debida.
Finalmente, es preciso señalar que somos las activistas feministas y las colectivas, las que hemos hecho frente a la contención de la violencia desmedida contra las mujeres en la entidad ante la ausencia de una política pública estatal que atienda transversalmente a esta población y a las problemáticas que representa, por tanto es sumamente lamentable que la persona que presentó el posicionamiento, encabezando la referida marcha, se haya ostentado como presidenta del Consejo consultivo del Instituto veracruzano de las mujeres.
Tanto el Instituto como los consejos han sido omisos ante la problemática que se vive con la violencia en el estado de Veracruz, y por si fuera poco los consejos, consultivo y social, dejaron de estar vigentes en 2020, y por el desdén gubernamental nunca fueron renovados, por lo que no se puede asumir como presidenta de una instancia que cumple cuatro años como inexistente.
