La titular del órgano fiscalizador del Estado Delia González, señaló que varios entes fiscalizables solventaron observaciones.
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), determinó oberebaciones por un presunto daño patrimonial del orden de los mil 699 millones de pesos de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023.
La auditora general del estado Delia González Cobos, señaló lo anterior en entrevista previa a la entrega de los resultados de la Cuenta Pública, a la Comisión de Vigilancia del Congteso del Estado este lunes.
Detalló que del total del presunto daño patrimonial de mil 699 millones de pesos, 280 millones de pesos corresponden al Estado, donde también se auditó a 308 entes municipales.
“En esta ocasión tenemos daño patrimonial de mil 699 millones, de los cuales 280 corresponden al Estado, a los poderes del Estado y bueno, esto como ustedes saben ahí todo el detalles está completamente explicado en el informe general y en los informes individuales, fueron 308 entes municipales, más lo que es la cuenta consolidada que lo tomamos también como un ente adicional, entonces de esos 309 entes fiscalizados en este ejercicio 2023, de estos el resultado fue mil 699 millones”, apuntó.
Detalló son un total de 179 municipios los que tienen pendientes de solventar, así como en el caso de las dependencias estatales, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas también está en el proceso de solventación.
González Cobos, mencionó que las observaciones más recurrentes se refieren a la falta de comprobación en el caso de las obras que requieren apegarse a la normatividad que debe ser cumplida, ya que no en todos los casos se cumple, como es el caso de algún permiso o una validación.
“En esos casos la falta de esos documentos generó que se determinara el daño patrimonial, hay comprobaciones que no fueron presentadas por los gastos que se realizaron o el caso también de las obras que fueron pagadas y no ejecutadas. Entonces todo esto para nosotros, pues en cumplimiento de lo que determinan las disposiciones legales, se determinaron como daño patrimonial”, explicó y adelantó que aún algunas dependencias tendrán que aclarar gastos generados.
“Son 280 millones lo que corresponde al Estado y que pues tienen todavía en la etapa de investigación, como todos los entes, tendrán que hacer las aclaraciones”, puntualizó la auditora.
Finalmente, destacó que las dependencias observadas tienen oportunidad de realizar las aclaraciones necesarias y solventar o aclarar observaciones, antes de que concluya la administración estatal.
“Creo que en estos tiempos en los que la administración estatal está por concluir, pues será necesario que cuanto antes se presenten con la documentación correspondiente para que puedan hacer una buena entrega, y en caso de no hacerlo, pues estará sujeto a las responsabilidades que implique el no haber aclarado esas observaciones”, finalizó.
