Denise Díaz Ricárdez – Hay discusiones que llegan al debate público en un sentido jurídico, pero que tocan fibras más esenciales como es el caso de la libertad. La llamada Ley de Trascendencia ha llegado a una estación decisiva, su eventual revisión o validación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo representa una discusión constitucional; es un espejo de la sociedad que estamos construyendo el día de hoy.
México vive tiempos extraños. Mientras la conversación política gira alrededor de elecciones judiciales, reformas estructurales y disputas partidistas, hay temas que avanzan silenciosamente porque tocan temas incómodos: la enfermedad, la dignidad y la muerte. Nadie quiere hablar de ellas, pero llaman a la puerta.
La voluntad anticipada ya existe como figura jurídica en diversas entidades y en la legislación sanitaria nacional, reconoce el derecho de una persona a decidir, de manera libre e informada; qué tratamientos acepta o rechaza cuando enfrente una condición terminal o ya no pueda expresar su voluntad. El principio rector es la autonomía de la persona, no la imposición del Estado ni de terceros.
Sin embargo, el debate de fondo no es médico. Es político.
Porque cada vez que el Estado discute sobre el cuerpo humano, inevitablemente aparecen las preguntas incómodas: ¿hasta dónde llega la libertad individual? ¿Puede un gobierno decidir sobre el sufrimiento ajeno? ¿Debe una mayoría imponer sus convicciones morales a quienes piensan distinto?
La Corte tiene frente a sí un asunto que rebasa cualquier ideología, tiene la oportunidad para definir si los derechos humanos se entienden como concesiones temporales del poder o como libertades inherentes a la persona.
E indiscutiblemente preservar la confianza en las instituciones, en una época en la que buena parte de las instituciones mexicanas enfrentan cuestionamientos sobre su independencia y legitimidad. Cada resolución relevante se convierte en un mensaje político. No porque los ministros deban hacer política, sino porque toda decisión sobre derechos fundamentales termina teniendo consecuencias en la vida pública.
Lo verdaderamente trascendente —si se me permite el juego de palabras— no es la ley en sí misma. Es reconocer que una sociedad madura no teme a las decisiones difíciles. Las regula. Las acompaña. Las protege. Quizá la discusión no trate sobre la muerte. Quizá trate sobre la vida y sobre quién tiene el derecho de definirla.
Porque al final, lejos de discursos partidistas, campañas y elecciones, queda una sola pregunta al aire, ¿a quién pertenece nuestra última decisión?
Y esa respuesta, por más que incomode a algunos, difícilmente debería estar en manos del poder.
