Denise Díaz Ricárdez – El último censo de población es de 130 millones de habitantes en el país con todas las implicaciones que ello supone tan sólo en los servicios de salud, educación, alimentación, tan básicos en cualquier sociedad.

De ese registro demográfico se estima que hay 30 millones de 0 a 17 años.

Hay un aproximado de 1.6 millones de menores que, de acuerdo con datos oficiales y civiles, viven en orfandad y para ellos solamente ocho mil lugares donde pueden ser atendidos desde casas de cuna, orfanatos, casas asistenciales.
 Las causas de esa condición son múltiples: van desde accidentes, abandonos, delincuencia, enfermedades, homicidios, feminicidios, desapariciones, engaños.

Algunos residen, si bien le va, con algún familiar, tutor o recibidos en adopción, ojalá vistos con afecto y amor.

Sin embargo, muchos de ellos residen en orfanatos públicos, casas asistenciales, hospitales, calles, reclusión forzada o hasta en centros de readaptación.

Si por algunas circunstancias no fueron recibidos en un hogar están en situaciones de mayor riesgo.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno están en responsabilidad de alcanzar un registro nacional de estos menores y saber con mayor precisión en dónde se encuentran, bajo qué protección y de esa manera poder dar un seguimiento de las situaciones particulares a las que se enfrentan.

Hay ausencias que cambian para siempre la vida de una persona, pero ninguna debería significar que un niño tenga que crecer sin oportunidades, sin protección o sin la certeza de que alguien velará por él. En México, miles de niñas, niños y adolescentes enfrentan la orfandad, una realidad que va mucho más allá de la pérdida de sus padres: significa, en muchos casos, quedar expuestos a la pobreza, la violencia, la desprotección emocional y la incertidumbre sobre su futuro. Y es que detrás de cada cifra hay una infancia interrumpida, una historia que merece ser escuchada y un derecho fundamental que no puede quedar a merced de la voluntad de nadie: el derecho a crecer con dignidad, amor y protección. Porque un país que presume su futuro no puede darle la espalda a quienes más necesitan que ese futuro exista.

En México, la protección de la niñez en situación de orfandad encuentra sustento en la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los instrumentos internacionales en materia de derechos de la infancia. Este marco establece obligaciones para las autoridades, contempla la intervención de los sistemas DIF y regula las medidas de protección, la tutela, el acogimiento familiar y los procedimientos de adopción, siempre bajo el principio del interés superior de la niñez.

Sin embargo, entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la realidad todavía existe una distancia que no podemos ignorar. No basta con tener instituciones, albergues o disposiciones jurídicas; se necesita voluntad, presupuesto, seguimiento y, sobre todo, sensibilidad para entender que estos niños no necesitan únicamente un techo, sino una familia, estabilidad y la posibilidad de construir una vida sin que su origen determine su destino. La verdadera grandeza de una sociedad también se mide por la manera en que abraza a sus infancias más vulnerables.

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