Javier Laertes.- Ante el ordenamiento de la Secretaría de la Función Pública (ASF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Contraloría General del Estado continúa con la revisión del proceso de compra y arrendamiento de 160 patrullas que realizó la Secretaría de Seguridad Pública, con una inversión del orden de los 208 millones de pesos.
La titular de la dependencia estatal Leslie Mónica Garibo Puga, dejó en claro que se aplicará lo que marca la ley en caso de detectar alguna irregularidad, pues ese compromiso desde la presidencia y la instrucción del gobernador.
“Ya tenemos es línea y como dijo el presidente –Andrés Manuel López Obrador-, quien se tenga que ir a la cárcel, se tendrá que ir; Yo en conjunto con el ingeniero Cuitláhuac García y una servidora como Contralora nos vamos a dedicar a dar respuestas”, adelantó.
Y es que el pasado mes de mayo el gobernador entregó en la Academia de Policía del Lencero 160 patrullas, las cuales sirven para reforzar las acciones de seguridad que realiza la SSP en la entidad, sin embargo, ante la inversión de 208 millones de pesos legisladores de oposición señalaron el elevado costo de las unidades.
Lo anterior derivó en una conferencia de prensa específica que ofreció en Ejecutivo del Estado, donde aclaró que solo se compraron 50 unidades, mientras que 110 fueron arrendadas para agilizar la entrega de las unidades ante las necesidades de seguridad.
Sin embargo, la presión de la oposición llevó a la autoridad federal a través de la Secretaria de la Función Pública (SFP) ya la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), ordenar una revisión del proceso, mismo que lleva a cabo la Contraloría.
“Vamos actuar, nada encima de la ley y todo conforme a derecho, lo que se tenga que hacer, lo tendremos que hacer porque esa es la línea directa tanto por la Secretaría de la Función Pública, como por parte de la Auditoría Superior”, reiteró.
Finalmente, insistió en que la revisión sigue su curso, la cual lleva un proceso y términos legales establecidos a los cuales se tiene que ceñir la investigación de la Contraloría.
