Luego del segundo día de discusión sobre la constitucionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), que ya sumó 7 votos en contra y 4 a favor, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 17 de sus homólogos y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, todos de extracción morenista, apelaron porque las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reflexionen su posición, previo a la votación que se aplazó para el jueves.
«Estamos convencidos de que la figura de la presión preventiva oficiosa debe prevalecer (…) Hacemos un respuesto llamado para que las ministra y los ministros de la SCJN a respetar la división de poderes, observar estrictamente el texto Constitucional así como los procedimientos que la ley provee para modificarla».
«Hacemos votos para que tomen en cuenta estas consideraciones, y poder seguir garantizando a las y los mexicanos la paz y la tranquilidad a la que aspiran y tienen derecho», se lee en la misiva.
Argumentaron que este mecanismo, que hoy está en debate, ha sido fundamental para reducir la incidencia delictiva junto con la nueva estrategia de seguridad y el combate a la impunidad para que los delincuentes no se den a la fuga ni prosigan en la comisión de más delitos.
«El dilema, remarcamos, no es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva, sino como garantizamos la justicia a la víctima cuando el delincuente sigue afuera amenazándola o descaradamente delinquiendo».
Reiteraron que la Constitución Mexicana en su Artículo 19, segundo párrafo, ya establece los 16 delitos por las que una persona debe vincularse a proceso y por ende se le dictamine la medida cautelar, por tanto un Juez debe considerar estos criterios y no bajo capricho.
En un segundo punto, objetaron que las modificaciones a la Carta Magna es solo atribución del poder legislativo y no de la SCJN, desde ahí los ministro deben acatar la Constitución misma, a ello hay que sumar que el Artículo 19 no fue impugnado por la Comisión de Derechos Humanos.
Aunque la mayoría de los ministros de la SCJN rechazó eliminar por completo la prisión preventiva oficiosa, a petición del ministro Luis María Aguilar, quién presentó el proyecto, acordaron votar hasta el jueves a las 11 am.
El proyecto necesita para ser aprobado 8 de los 11 votos, al momento ya lleva siete en contra.
