Después de los señalamientos que hiciera un integrante del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción a la revisión de la cuenta pública 2017, el legislador y expresidente de la Comisión Permanente de Vigilancia dijo que la actuación de la anterior legislatura siempre estuvo apegada a derecho, “ya que de acuerdo a nuestra constitución en el artículo 33, fracciones 29 y 30 una de las principales funciones de los diputados es la fiscalización y ello conlleva realizar actos de revisión y aprobación de las cuentas públicas, allegándose de información y documentación necesaria para tal efecto ”, reafirmó.
De Unánue Abascal dijo, que los entes fiscalizables pertenecen a todos los partidos políticos y no sólo al PAN, “fueron 30 ayuntamientos priistas y 14 panistas los que solventaron con soporte documental, a excepción de Morena que como ustedes saben apenas serán sujetos fiscalizables para el próximo ejercicio fiscal”, dijo.
Con relación a la postura dada a conocer este miércoles por el Orfis, De Unánue Abascal consideró que el órgano fiscalizador en ningún momento en su comunicado señaló que en la revisión hubiera algo ilegal.
De Unánue afirmó, que este tema es parte del golpeteo político que genera el cambio de gobierno, “todo en este momento de transición es político. Lo que no se vale es dar declaraciones irresponsables para engañar. Nosotros estamos tranquilos porque hemos actuado siempre en el marco de la ley”, concluyó.
