FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO.- Ya he dicho en este espacio varias veces que, pese a que la creencia general es que los maestros o los diputados son los gremios más caros, ineficientes y flojos a cargo del erario, la verdad es que el gremio judicial siempre los ha superado con su tortuguismo laboral y con los amplios periodos de vacaciones y días feriados que disfrutan.
Como muestra podemos ver que tanto en el calendario escolar como en los calendarios legislativos hay mayores periodos laborales que en los calendarios de cualquier poder judicial del país, quienes además del gran caudal de días no laborales que disfrutan también se dan el lujo de suspender parcialmente las actividades de su órgano jurisdiccional cuando alguno de quienes laboran ahí cumple años o celebra una ocasión especial; cualquiera que esté relacionado con las actividades jurisdiccionales bien sabe de esas encerronas en los archivos o en las zonas más apartadas de los establecimientos judiciales que paralizan una o dos horas la labor del órgano jurisdiccional.
Bueno, eso sucedía en tiempos normales más ahora que se estableció una cuarentena a nivel nacional los poderes judiciales se superaron a sí mismos en su holganza y cerraron sus puertas tal y como reza un conocido eslogan publicitario de algún medio de comunicación “primero que todos y antes que nadie”, ya que desde 18 de marzo simplemente se evaporaron y dejaron al país con solo dos poderes, ya que las escuelas se quedaron una semana más y los poderes legislativos aunque sea para saquear al país al desaparecer fideicomisos o ejecutar vendettas políticas contra opositores como en el caso de Veracruz siguen funcionando.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, lo anterior parecería cómico o incluso como una muestra de preocupación genuina por la salud de funcionarios judiciales, abogados y justiciables en general mas en realidad es una tragedia y lo es porque pese a que la actividad de impartición de justicia es una de las llamadas actividades esenciales y que por lo tanto puede continuar sus actividades con todas las medidas establecidas para tal efecto según lo establecido en el artículo primero fracción II inciso b) del acuerdo administrativo publicado por el secretario de salud el pasado 31 de marzo y que aunque dicho acuerdo fuera modificado por otro similar el 21 de abril que en nada incide en lo esencial que es la actividad jurisdiccional, ya que lo único que hace en lo que nos ocupa es modificar los plazos de la cuarentena sin tocar la clasificación de actividades; los consejos de la judicatura federal y locales emitieron sendas circulares para que más del 90 por ciento de sus funcionarios se fueran a sus casas y dejaran tirados los asuntos sometidos a la potestad judicial.
Y el decir “dejar tirados” los asuntos no es ninguna metáfora ya que es lo que en verdad sucedió, ya que se quedaron amparos a medio trámite, medios preparatorios a juicio de cualquier situación de la misma manera y hasta juicios de temas muy sensibles quedaron en el limbo; es decir los poderes judiciales del país actuaron con una irresponsabilidad total frente a la sociedad en general y en particular frente a quienes requieren de sus servicios.
Y aunque digan que dejaron guardias para atender los asuntos de mayor trascendencia social como lo son los procesos penales o los familiares en los que se encuentren involucrados menores o incapaces, lo cierto es que esas guardias sirven para muy poco y no desempeñan de manera completa su tarea y lo mismo sucede con las guardias para los juicios de amparo.
Lo anterior lo digo y lo sostengo porque conozco casos en los que decretan depósitos de menores solo escuchando al solicitante y entrevistando al depositario e incluso acudiendo al domicilio propuesto para que el depósito se lleve a cabo pero ya sin escuchar a la otra parte ni mucho menos resolviendo en definitiva el mismo y con ello solo se concede una medida provisional derivada de la información solicitada por el promovente de la medida mas no se alcanza a lograr una solución integral y eso que el espíritu de la medida es garantizar el interés superior de la persona depositada, lo cual solo se logra escuchando a todos los involucrados, mas eso no se va a hacer hasta que se restablezcan las labores normales del órgano jurisdiccional.
También están los casos en los que se demandan alimentos y solo se acepta la demanda inicial mas no se da la posibilidad de contestarla y en muchos casos se ejecutan los embargos parciales de salario sin dar ocasión al afectado de combatirlos y la cosa es peor si este vive en un lugar alejado de la sede del juicio, ya que ni siquiera es emplazado para contestar la demanda por estar de cuarentena el juez municipal que debe de llevar a cabo el emplazamiento.
O ¿qué me dicen de alguien que se encuentra privado de su libertad y a quien la guardia judicial le resuelve su término y decide mantenerlo en prisión preventiva mas el resto de su proceso queda en la incertidumbre y ya no puede salir de prisión logrando una sentencia absolutoria o un acuerdo reparatorio porque esas actividades solo se llevarán a cabo cuando pase la cuarentena?
De igual manera sucede con los juicios de amparo, en los que solo se dictan medidas previas como la suspensión del acto reclamado, lo cual en principio parece lógico porque lo importante en estos casos es que cese la actividad de la autoridad que es lesiva para los particulares, mas qué sucede si ésta no se logra y luego resulta que es posible destruir el acto reclamado mediante la sentencia del amparo, lo cual tampoco va a suceder en un tiempo razonable debido a que deben de agotarse tanto la cuarentena como los plazos de por sí ya tardados del juicio.
En fin, estos son algunos ejemplos de por qué la impartición de justicia no debió de detenerse ni tampoco quedar en manos de guardias mínimas que no saben bien a bien en qué consiste su función, ya que el fin práctico con lo que está aconteciendo en los poderes judiciales consiste en mantener las injusticias que llevaron a solicitar su intervención o incluso crear nuevas como las ya mencionadas.
Mas si todo lo anterior no fuera poco, todavía cometen otra injusticia más ya que los funcionarios de las ramas judiciales desde ministros y magistrados hasta personal de intendencia están cobrando sus salarios completos sin hacer casi nada y no es que es que no esté de acuerdo en que tengan salarios altos, ya que por su especialización y profesionalización es necesario que los tengan; sin embargo en lo que ya no estoy de acuerdo es en que lo cobren completo casi sin trabajar cuando el casero tiene que reducir o cobrar menor renta o el tendero que vende menos o muchos trabajadores de empresas particulares que tienen que aceptar una disminución de sueldo o pago en parcialidades del mismo con tal de preservar la fuente de trabajo; al menos por solidaridad deberían de donar una muy buena parte de sus emolumentos mientras dure la contingencia.
Por último agrego que si la cuarentena se alarga, como es casi seguro que suceda debido a la mala conducción que se ha tenido por parte de las autoridades sanitarias, a ver si no salen que regresan en junio o julio solo para irse de vacaciones tres semanas en verano, porque ya estaban consideradas en la circular que establece su calendario anual de actividades.
Twitter: @FelipeFBasilio
