FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO.- Continuamos esta serie sobre la infame detención de la aplicación de la justicia en México y particularmente en Veracruz, como ya se ha dicho en colaboraciones anteriores en las que hemos abordado el, ya no digo terrible sino criminal desempeño del poder judicial que solo acierta a seguir suspendiendo sus labores con goce de sueldo.
Obviamente, dejando en la indefensión jurídica a miles o quizá millones de personas agraviadas por situaciones delictivas o familiares que requieren una atención inmediata por parte de la autoridad.
Situación que como ya vimos es análoga en la Fiscalía General de Justicia del Estado que, aunque trabaja formalmente en realidad no cuenta con la más mínima capacidad operativa para atender las miles de denuncias que cotidianamente se le presentan y por lo mismo dejan a los agraviados sin acceso a la justicia cuando debiera de procurar ese acceso a la justicia, ya sea vía los tribunales o logrando acuerdos reparatorios.
Pues toda esa tragedia judicial nos debiera de preocupar y más que la “ley de la selva” ya se empieza a documentar en muchas partes tanto del estado como del país y el ejemplo que más ha sonado en estos días es el de aquella pregunta que en aparente tono jocoso circula en las redes sociales y que palabras más palabras menos cuestiona que en donde es más eficiente la impartición de justicia si en una agencia del ministerio público o en una combi, eso en referencia a las personas que se hicieron justicia por mano propia cuando fueron víctimas de uno de los miles de robos a mano armada que se dan en el transporte público del área conurbada de la capital del país.
Y digo aparentemente jocoso porque, aunque ese cuestionamiento tiene una fachada de gracia en realidad el mensaje que ese tipo acciones llevan es el del fracaso absoluto del sistema de justicia en este país, el cual de por sí es bastante deficiente y ahora le sumamos la inactividad casi total en el que se encuentra.
Y aquí es en donde llegamos al punto que quiero compartir con ustedes en esta ocasión y ese es precisamente cuestionar ¿Qué está haciendo el poder legislativo al respecto?
Antes que nada, vamos a justificar la pertinencia de esa pregunta y esa justificación se da, porque como veremos el poder legislativo es como dirían los antiguos latinos: un “Princeps inter pares”, es decir que aunque todos los poderes y organismos autónomos formalmente son iguales entre sí, el legislativo tiene una ligera superioridad; la cual se manifiesta en la sencilla pero trascendente razón de que es quien hace las leyes y eso marca una diferencia, ya que mientras los demás las aplican o las interpretan, el legislativo las emite y por ese solo hecho como dicen en el juego lleva mano, porque marca la pauta en el actuar de los demás.
Y si a eso le sumamos la otra función esencial que tiene, la cual consiste en representar a los ciudadanos, entonces fácilmente nos podemos dar cuenta de que la responsabilidad de los legisladores en la terrible circunstancia en la que nos encontramos es de una trascendencia tal que su inacción es aún más criminal que la de los juzgadores y que la de los procuradores de justicia juntos.
Porque en el caso que nos ocupa, el legislativo es quien tiene la llave para corregir buena parte de la situación y la razón de ello es que puede y debe de modificar todas las leyes procesales obsoletas que tenemos y hacer que la justicia en línea sea una realidad; vamos, con la mano en la cintura puede obligar al judicial a trabajar legislando la obligatoriedad del uso de los medios tecnológicos y la sustitución de los viejos, polvosos y manoseados expedientes de papel por una justicia digital.
Sin embargo y para no variar nuestros legisladores se encuentran haciendo lo único que saben hacer y eso es ver a qué organismo pueden saquear y controlar; y para el colmo de los casos ahora el turno le correspondió al poder judicial.
Situación que triste y vergonzosamente nos tiene viendo un sainete sobre quien controla o no al poder judicial del estado y su fideicomiso, aunado al nombramiento de nuevos magistrados que van como peones de los otros poderes, ya que ninguno de los nombrados tiene una trayectoria sólida como impartidor de justicia o como litigante pero lamentablemente ese es el sello de la mayoría de los magistrados que ha designado esta legislatura, situación que empeora porque esta vez los nombramientos han sido hechos al vapor e ignorando amparos promovidos por varios de los magistrados salientes.
En esta ocasión no quiero profundizar en este tema, solo lo ocupo para ilustrar las “grandes” preocupaciones de nuestros legisladores ante una crisis judicial que no tiene precedentes y para que vean en lo que dedican su tiempo, cuando en realidad deberían de estar presentando iniciativas de ley que adicionen y/o modifiquen los cuerpos legales procesales que requieran una adecuación urgente o incluso hagan nuevas normas procesales.
Esa obligación la tienen como hacedores de ley y sobre todo como representantes de la población, de esa población que lleva ya casi medio año sin acceso a la justicia y que sus representantes la ignoran olímpicamente.
Así que contestando a la pregunta que intitula esta columna, decimos que el legislativo está en todo menos en donde debiera de estar que es buscando la manera de reactivar con carácter de urgente la impartición de justicia en el estado.
Hoy por hoy, los legisladores están defraudando como nunca antes lo habían hecho a sus representados.
Twitter: @FelipeFBasilio
