El Poder Judicial en Veracruz se encuentra en riesgo ante el ataque de Morena al Estado de Derecho y la división de poderes, advirtió el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés.
En conferencia de prensa con el Senador Julen Rementería del Puerto y el diputado local, Enrique Cambranis Torres, el dirigente estatal lamentó que además de enfrentar las crisis: sanitaria, económica y de seguridad, Veracruz deba resistir el atentado de Morena contra el Estado de Derecho y su intento acabar con la autonomía del Poder Judicial.
Señaló que el PAN sigue alzando la voz por las y los veracruzanos que necesitan un gobierno de experiencia y resultados, un gobierno que sí sepa gobernar.
«En el PAN repudiamos el dolo y la ilegalidad con la que Morena se ha conducido en este, y en muchos otros casos.
No nos cansaremos de exigir ¡Basta del ataque de Morena! Seguiremos Unidos y Fuertes para Defender a Veracruz y a México».
Por su parte, el Senador Julen Rementería del Puerto, acusó que el nombramiento irregular de tres magistraturas del Poder Judicial, con las que se violentan las leyes locales y federales, se trata de un hecho inédito que afecta a todas y todos los veracruzanos.
Recordó que el nombramiento de las tres magistraturas representó una violación a la Ley de Amparo, pues no se respetaron las sentencias definitivas que daban la razón a los tres magistrados que fueron desplazados ilegalmente.
En ese sentido, hizo un llamado al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, para que revise y haga valer las sentencias de sus jueces de distrito, así como para que se resuelva con prontitud la vista al Ministerio Público Federal, por la configuración de los delitos que la Ley de Amparo establece en su artículo 267, y en los que podrían estar incurriendo el Congreso local y la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Finalmente, el diputado Enrique Cambranis Torres, recordó que el pasado 7 de agosto presentó una denuncia ante el Ministerio Público federal, contra quienes resulten responsables por los posibles delitos del ejercicio ilícito del servicio público, delito contra la administración de justicia, y delito por informes falsos.
