Dentro de la carpeta de investigación en contra del ex secretario de Seguridad Pública, existen testimonios de víctimas sobrevivientes, testigos presenciales, dictámenes técnicos y periciales, así como evidencia documental que exhibe que la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Arturo “N”, documentaba las desapariciones forzadas.
Es decir, existen al día de hoy datos de prueba sólidos que acreditan la probabilidad de que Arturo “N” encabezó una estructura organizada que desde la Secretaría de Seguridad Pública cometió de manera sistemática desapariciones forzadas, la FGE considera que la única medida cautelar posible es la prisión preventiva.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz rechaza la resolución emitida el día de hoy, en el sentido de que el delito de desaparición forzada de personas no es grave y por lo tanto no amerita prisión preventiva oficiosa.
Tampoco se comparte el criterio de que Arturo “N” tenga derecho a enfrentar el proceso en libertad y que éste no pone en riesgo ni el desarrollo del proceso ni a víctimas y testigos.
La presentación periódica semanal, la garantía de un millón de pesos y la prohibición de acercarse a víctimas y testigos, no resulta suficiente en la opinión de la Fiscalía para asegurar la integridad de estos últimos.
Esta Fiscalía tampoco comparte la decisión jurisdiccional por la cual los probables responsables de desvío de recursos públicos han sido liberados en los últimos días, al modificarle su medida cautelar de prisión por la de una mínima garantía económica —que no se compara ni remotamente con el monto de 1,200 millones de pesos que ha sido acreditado como probable quebranto patrimonial causado al Estado, imputable a Mauricio “N” y Antonio “N”.
En estas investigaciones se tiene acreditado plenamente por datos de auditoría, la probable participación de éstos en el enorme desfalco financiero.
La Fiscalía General del Estado reitera su condena a una serie de resoluciones judiciales contrarias a tratados internacionales, interés social así como a la exigencia de justicia del Pueblo de Veracruz, mismas que serán combatidas con los medios legales procedentes.
