El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, también investigará la entrega de contratos en la Secretaría de Salud al «súper delegado» de Jalisco.
Sergio Vázquez Jiménez, informó que están en espera de un informe puntal de la Contraloría General del Estado (CGE) por la presunta entrega de contratos por 36 millones 578 mil 757 pesos a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), pues es esta instancia la que debe investigar estos hechos, posteriormente ellos harán lo propio.
“La contratolia tendrá qué hacer una investigación al respecto y tendrá que dar con claridad un informe porque en caso de ser, podría haber un conflicto de intereses”.
En entrevista, manifestó que al CPC llegó la denuncia y ellos lo turnaron a la Contraloría; no obstante, debe ser revisada a fondo, pues podría tratarse de medicamentos de urgencia, mismos que permiten una compra directa.
“Me parece que las adjudicaciones directas,las compras directas si bien lo prevé la ley es para casos muy específicos cuando hay un desastre natural o que se declara de cierta manera una licitación, de otro forma me parece que se debe privilegiar el proceso de licitación publica en donde participan varios proveedores y en. Un proceso transparente se especifica quienes el que gana”.
El funcionario, confío en que además de este tema, pronto la Contraloría también informe sobre las investigaciones por la compra de patrullas, el ingreso de familiares de funcionarios en la nómina de dependencias , entre otras anomalías que se han señalado.
“Deben irse solventando estas solicitudes de información y sobre todo dar transparencia y claridad a los ciudadanos, yo creo que lo que necesitamos y exigimos es que todos estos procesos de adjudicaciones y compras se lleven a cabo en un ambiente de transparencia y apego a la legalidad, para tener la certeza de que las cosas se están haciendo bien”
Aseguró que los casos que les han llegado sobre irregularidades en el actuar de la administración han sido turnadas a la Contraloría o al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), a través de peticiones de información mismas que no han sido revueltas.
Por ello, pidió a la Contraloría General que realice las investigaciones necesarias, pero también haya agilidad en ellas y en la entrega de reportes.
Hasta el momento, indicó que han recibió 45 quejas, que fueron canalizadas a la CGE, por presuntas irregularidades en dependencias como el DIF ,Salud, Seguridad Pública, el Instituto de Pensiones, además de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Así mismo, dijo que el Congreso del Estado está facultado para pedir cuentas a cualquier funcionario en cualquier momento.
“Ellos en uso de esta atribución, creo que es pertinente que hagan estos ejercicios de trasparencia, ellos son representantes ciudadanos y también tendrían que manifestar lo que el ciudadano esta exigiendo” concluyó.