El Congreso de Veracruz no ha caído en el engaño de Marcos Isleño, quien a toda costa pretende privatizar el servicio de agua en los fraccionamientos Lagos de Puente Moreno y Puente Moreno para sacar de la ilegalidad a la empresa Urbanizadora Medellín, de Luis Barquín Gómez, la cual no está autorizada para efectuar ningún cobro a los residentes.
«La lealtad de Isleño no es con el pueblo, es con Luis Barquín, por ello pretende sacar a Grupo MÁS forzandolo a bajar sus tarifas y exigiendo el pago de 70 millones de pesos para permitirle continuar con el acueducto del río Jamapa, la llamada tercera toma; con ello, además, busca hacerle frente al desfalco de 80 millones de pesos detectado por el ORFIS en su Cuenta Pública de 2022», evidenció el diputado Maleno Rosales Torres.
No estamos a favor de Grupo MAS, dijo, pero tampoco de Luis Barquín, como los ediles que le autorizaron la reciente alza en sus tarifas, por quien abogan para que se le otorgue la concesión y salga de la ilegalidad con que opera actualmente.
Isleño, recordó, es experto en quebrar sistemas de agua, como SAS, por lo que su propuesta de crear el Sistema de Agua de Medellín (SAM) sólo sería un organismo que usarían como trampolín para favorecer a Inmobiliaria Medellín.
«Seguro la quiebran en unos meses como a SAS, porque su propuesta de creación y operación se basa solamente en supuestos. En corridas financieras que recibiría si Grupo MAS acepta pagarles por el uso de plantas y fuentes de abasto de Medellín, no en el presupuesto del Ayuntamiento; todo es sólo una farsa», dijo.
Sostuvo que en el edil hay desesperación por varias razones: la primera, porque no le ha cumplido a Barquín con la concesión, con lo que sería el único operador y el candidato idóneo para sustituir a Grupo MAS, y segunda, porque no puede solventar las observaciones del ORFIS por 84 millones de pesos del 2022, seguramente en la del 2023 se tendrá un mayor quebranto patrimonial.
Ahora, abundó, Isleño ha mandado a grupos de choque para frenar el acueducto del río Jamapa, la llamada tercera toma, porque la autoridad local pretende que Grupo MAS le pague 70 millones de pesos, le urge dinero para hacer frente a sus desfalcos en el Ayuntamiento.
«No defendemos a Grupo MAS, seguiremos luchando para que se le quite la concesión, pero tampoco estamos a favor de que se privilegie a Luis Barquín, quien opera de manera ilegal en los fraccionamientos bajo la complicidad del Ayuntamiento. No permitiremos la corrupción ni que se siga traicionando al pueblo», enfatizó.
