Dentro de la vorágine de inconsistencias, incongruencias, yerros e ineficiencias de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Duarte, la institución afirma y sostiene que la carpeta de investigación contra el ex gobernador de Veracruz sigue abierta y que, como se había advertido, se girarán las ordenes de aprehensión contra cómplices, socios y ex funcionarios que colaboraron en el desfalco a Veracruz.
La sociedad bastante decepcionada, de la otrora garante institución de procuración de justicia, avasallada por la defensa del ex mandatario corrupto y por la genialidad del propio Duarte en esconderse, manipular y escamotear las cartas que lo inculpan, el ex gobernador ha logrado acorralar a la PGR en los vericuetos de la Ley para que los expedientes acusatorios no funcionen como deben y debilitar todas las acusaciones a la mínima expresión.
La PRG, contra las cuerdas, y cargando el pesado lastre de la condena de 9 años al ex mandatario veracruzano y una multa de 58 mil pesos, pretende, reivindicarse con una nueva ofensiva y, atraer nuevamente la atención ciudadana para demostrar que sí es una Institución garante de la procuración de justicia y lanza la ofensiva con órdenes de aprehensión contra varios de los ex funcionarios, por desvío de recursos y PECULADOS detectados en las cuentas públicas de los años duartistas.
Sin embargo, la acción de la PGR que ha perdido varios “rounds” con la defensa e “inteligencia perversa” de Duarte, que con la misma ley que lo llevó a prisión, ha servido para que el ex gobernador se defienda y el aparato de justicia, ante la mala integración de los expedientes en contra de Duarte, ha revocado, por inconsistencias y sin pruebas contundentes de la PGR, la condena que ahora conocemos, dejando ver muy mal a la Procu.
Que, cuando el acusado reconoció ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en los delitos anteriormente señalados y al existir los medios de convicción suficientes para corroborar la acusación, el juez aperturó el juicio abreviado.
Que, en conformidad con los Artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un derecho del acusado solicitar dicho procedimiento, para que una vez admitida la responsabilidad de los delitos que se le imputan y acepte la sentencia con base a los medios de convicción aportados por el agente Ministerio Público de la Federación.
Este hecho provocó que, al interior de la PGR y con la presión social en todo el país por la ridícula sentencia, la propia Procuraduría General de la República iniciara, en paralelo, una investigación a todos los funcionarios que participan en el proceso de Javier Duarte de Ochoa, para deslindar posibles hechos de corrupción, cohecho e incumplimiento de un deber legal.
La denuncia presentada por la organización, TOJIL Estrategia contra la Impunidad, que considera la condena de nueve años contra Duarte como “desproporcional”, examina la existencia de posibles irregularidades en el proceso originado por deficiencias operativas de la misma PGR y no del Sistema Penal Acusatorio, como se ha venido sosteniendo.
Pensando en los alcances de corrupción y cohecho, la premisa anterior abre una posibilidad y será la Visitaduría General del Procuraduría General de la República, la encargada de limpiar la mala imagen de la PGR, en el caso Duarte, y dar certeza a los ciudadanos de que este organismo se conduce con transparencia, aprendiendo a esa larga lista de cómplices de cuyos nombres no queremos saber hasta que estén detenidos y no digo encarcelados porque nuevamente mediará el Poder Judicial y sus “respetables jueces”.
Sin embargo y, a pesar de que la PGR intenta, con todas las dudas y suspicacias de la sociedad sobre su actuación, de prevalecer como una institución seria, sus acciones demuestran que no están preparados en su totalidad para asistir a un juicio con las nuevas reglas que impuso el nuevo sistema penal acusatorio y el poder judicial.
El caso aún no está cerrado y las nuevas órdenes de aprehensión contra ex secretarios y funcionarios estatales inmiscuidos en el peor atraco de las finanzas de Veracruz, tendrán que pagar y no tenemos duda que la PGR los va a encerrar, eso deseamos, pero, la sociedad teme que llegando la gavilla, nuevamente, ante los jueces, estos tengan ya las artimañas para presentar a los bandoleros duartistas como una excepción de ciudadanos que se les pasó la mano en el robo de recursos, pero, que están arrepentidos y juran, ante los jueces, que nunca más lo volverán a hacer.
Y ese arrepentimiento, los pueda salvar y sean condenados con sentencias ridículas, para que, cuando cumplan su encierro, salgan tan campantes a las calles a reírse de Veracruz, sus políticos, sus instituciones, del Poder Judicial y a gastar el dinero de los veracruzanos…
Mientras que todos los procesados del fuero común que, en veces, roban para comer o son víctimas fraudulentas de toda una serie de delitos civiles o considerados no graves, purgan condenas, por ejemplo de 30 años de prisión por robarse una penca de plátanos, cuando bien les va.
Así la justicia para los políticos corruptos, así el sistema judicial y así la apatía del poder político que, efectivamente, a los largo de administraciones priístas fue configurando las leyes para, precisamente, casos como el de Duarte sean tratados con ineficiencia para que no haya “materia” para condenar a, insisto, los políticos corruptos emanados de autoridades ídem.
Suburbio 1
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