México ocupa el primer lugar en bullying escolar en educación básica, y en particular en Veracruz hay un tema recurrente de violencia en las escuelas, lamentó la diputada local, Verónica Pulido Herrera.
Ante esta situación presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para exhortar a las autoridades estatales y municipales a adoptar y aplicar medidas y mecanismos para diagnosticar, prevenir y sancionar el acoso escolar y cualquier acto de violencia que atente contra los derechos humanos de los estudiantes.
La legisladora del Partido Acción Nacional dijo que estas acciones se deben aplicar dentro y fuera de las instituciones educativas con base al ordenamiento de la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz.
Expuso que ante la violencia que en el país escala niveles indescriptibles en deterioro y descomposición del tejido social, afectando en gran medida al sector educativo, se hace necesario promover una educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz.
Verónica Pulidi recordó que el pasado martes 30 de enero se conmemoró el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, por lo que se pronunció por legislar por un entorno escolar seguro y libre de violencia.
En ese sentido, dijo que las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) arrojaron un alto grado de violencia escolar, revelando que en el año 2019 en México más de 18 millones de estudiantes del nivel primaria y secundaria sufren de algún tipo de violencia y que 7 de cada 10 niños sufren de este de maltrato.
Además señaló que la OCDE confirma que más del 40 por ciento reconocer ser víctima de acoso y que el 25.35 por ciento recibieron insultos y amenazas y el 17 por ciento fueron víctimas de violencia física y el 44 por ciento recibir violencia verbal, psicológica y física, incluso por medio de redes sociales.
Con base en estos ordenamientos de ambas leyes, demandó de las autoridades la implementación de los mecanismos necesarios para resolver este tipo de casos al interior de las escuelas.
