Carlos Alberto Duayhe.- ¿Cuál será el mínimo equilibrio de los poderes públicos en el México actual en el triángulo ejecutivo, legislativo y judicial?
Difícil saberlo cuando el gobierno y su cuarta transformación pretenden aplicar cambios de fondo en todos los órdenes, a veces con tino y otras veces muy exacerbados que traen a la sociedad muy polarizada.
Por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador puede asegurar una buena marcha en sus cambios legales al tener a sus partidarios en mayoría en el Congreso de la Unión –tampoco hay que espantarse por eso, pues allí operan también acuerdos desde siempre- al menos para lograr asuntos con mayoría simple y mayores dificultades en los constitucionales, en donde no le alcanza sin alianzas partidistas.
Hacia el Poder Judicial el asunto cambia radicalmente, pues en el único que confía en abierto es en el Ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar y los diez integrantes más no los baja de emisarios del pasado y causantes en buena parte de los efectos de la política neoliberal a la que tanto cuestiona un día sí y otro también.
A saber los datos con los que cuenta en su despacho; pero eso sí responsabiliza a ese poder de corrupción, nepotismo, acoso sexual y por estar lejos de la población más vulnerable ¿Cómo responderán éstos a tales percepciones? Y algo que influye son los muy altos salarios que perciben, de unos 380 mil pesos por mes, fuera de impuestos.
El viernes anterior el ministro Zaldívar apartó su intención de ampliar mandato como lo propuso el presidente y aprobó la Cámara de Diputados e informó que concluirá su periodo en diciembre del año entrante, como marca la Constitución y periodo para el que fue electo por sus pares, aunque además de cumplir con sus atribuciones también tendrá que hacer muchas más transformaciones que equilibren sus relaciones dentro de ese poder, con el ejecutivo e incluso con el Congreso. Tarea nada sencilla dadas las ancestrales inerciales muy facciosas en la aplicación de la justicia en el país.
Atraques
- Sin reserva alguna la consulta última sobre juicio a los expresidentes recién iniciado el mes, muestra un Instituto Nacional Electoral eficiente y oportuno pues desde la misma noche ya había resultados preliminares de quienes acudieron a votar. Lo que no encaja es su presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, que ya son otro asunto y que pocos, incluso fuera del gobierno, pasan.
- José Luis Vargas, uno de los dos presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendrá que renunciar muy pronto y responder las graves acusaciones de corrupción que ya está en manos de la Fiscalía General, esto en medio de resoluciones pendientes de las elecciones de junio anterior.
- El Covid sigue haciendo de las suyas y el gobierno tendrá que echar reversa a su intentona de hacer regresar los estudiantes de todos los grados a los planteles a finales de este mes, así como abrir del todo la economía, vaya dilemas.
- Los datos de pobreza extrema en el país aumentaron según los datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), en gran parte precisamente por la contracción económica causada por el virus Covid en el mundo que trae de cabeza a todos los gobiernos. Ojalá se controle esta nueva oleada.
