El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) ya fue notificado en relación al daño patrimonial por 82 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2021 durante el paso de Joana Marlene Bautista Flores como Administradora General e Isabel Romero Cruz presidenta, mismo que ya no se podrá solventar.
Lo anterior fue confirmado por la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien declaró que aunque se envió la documentación para tratar de hacer la solventación, esta no fue suficiente.
«Le dimos todo el seguimiento necesario, se fue enviando toda la documentación necesaria para que se lograra la solventación y bueno, la Auditoría Superior de la Federación estimó que esa documentación no fue suficiente», reconoció.
En ese sentido, precisó que ya será la ASF quien determinará los temas penales que pudieran generarse ante la Fiscalía General de la República (FGR).
«Ellos mismos al determinar un detrimento patrimonial, ellos son los que proceden ante la FGR y seguramente nosotros tomaremos las medidas desde la Contraloría Interna por el tema administrativo».
Precisó que hasta el momento, ningún funcionario ha sido llamado para hacer algún tipo de aclaración y de manera interna, el Poder Judicial del Estado tampoco ha iniciado ningún procedimiento administrativo en contra de alguno de ellos o ha presentado denuncias, aunque dejó entrever que si se están preparando.
«La que pondremos nosotros contra quien resulte responsable por ese detrimento patrimonial. Estamos en eso, hacer una denuncia, integrar un tema de esa naturaleza lleva su tiempo, porqué, porque se deben allegar pruebas, las cosas se hacen bien», concluyó.
