Javier Laertes.- Los concesionarios de verificentros y centros de verificación vehicular preparan un nuevo amparo en contra del decreto del Ejecutivo del Estado que aprobó el Congreso local, donde se plantean acciones que violentan el derecho de los propietarios de estos espacios y reiteran no se ha aclarado cómo se procederá para el pago de los servicios.
El Vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación, Eduardo Mario Cázares, señaló lo anterior y recordó que los primeros amparos en contra del decreto se presentaron el pasado mes de febrero del presente año, por lo que adelantó presentarán otro amparo, ahora contra los lineamientos del proceso.
Reiteró que este decreto en todo momento violenta las concesiones que fueron otorgadas por el propio gobierno, las cuales tienen una vigencia de 50 años y solo se pueden cancelar con la anuencia de las dos partes, más no unilateralmente.
“Vamos a esperar que nos diga el juez federal si nos otorga los amparos para no transitar a los cambios que ellos quieren, porque es una violación a nuestras concesiones; los amparos los metimos en el mes de febrero solicitamos el amparo en contra del decreto, ahorita estamos armando el amparo en contra de los lineamientos, tenemos 30 días para poderlo meter, los lineamientos que son los que más afectan”, señaló.
En ese tenor, abundó en que lo que plantean estos lineamientos es convertir en proveedores a los concesionarios, donde se manejan contratos por un año mientras la concesión es de 50 años.
“La concesión en la constitución establece que es un contrato entre gobierno y concesionario, para poder hacer un cambio, tendremos que estar de acuerdo los dos, no nada más el gobierno”, reiteró.
Posteriormente, luego de la entrevista al permanecer en la calle de Francisco I. Madero a las afueras de la SEDEMA, el vocero fue detenido por policías por lo que anunciaron un plantón en “Plaza Lerdo” para posteriormente iniciar una marcha a SEFIPLAN para buscar un acuerdo con el titular respecto a este tema
