Con el fin de garantizar la accesibilidad universal para las personas con discapacidad en el estado y fortalecer el humanismo social y el bienestar integral de todos los ciudadanos, la diputada local Anilú Ingram Vallines presentó la iniciativa de una nueva Ley para la Accesibilidad.
«Con esta iniciativa, daremos un paso importante hacia una sociedad más inclusiva, asegurando que todas las personas puedan disfrutar de una vida plena, con acceso a todos los espacios y sin barreras», expuso.
La propuesta de la legisladora porteña, conformada por 31 artículos distribuidos en 6 capítulos, abordando desde la infraestructura física hasta el acceso a tecnologías de la información, se fundamenta en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que insta a los Estados parte a desarrollar y supervisar la aplicación de normas mínimas para garantizar la accesibilidad en las instalaciones y servicios públicos.
“Es imprescindible que Veracruz cuente con un marco jurídico que asegure el acceso a espacios públicos y privados sin obstáculos, promoviendo la igualdad y la no discriminación”, destacó la diputada.
“La accesibilidad no es solo una necesidad, es un derecho constitucional”, afirmó.
La iniciativa de Anilú Ingram también plantea la creación de un área especializada en temas de accesibilidad dentro de la Secretaría de Gobierno, que será responsable de coordinar esfuerzos entre distintas dependencias para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
También aborda la adaptación de edificios educativos, culturales y recreativos para garantizar el acceso de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad, así como la implementación de medidas que promuevan la concientización sobre la accesibilidad.
Por último, la diputada Ingram confió en que contará con el respaldo de sus compañeros legisladores para aprobar la ley.
“Estoy convencida de que, con esta Iniciativa, daremos un paso muy importante para cambiar la percepción de la discapacidad, al asegurar que el pueblo y los gobiernos reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir con plenitud y sin obstáculos, incrementar la calidad de vida y el desarrollo con bienestar de las personas con discapacidad para reducir la desigualdad en el estado. Esto no es solo una necesidad, sino un derecho constitucional que debemos de asegurarnos de contar con el marco jurídico para que se instrumente de forma correcta”, finalizó.
