La diputada federal Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que reforma la fracción IV Bis del artículo 33 de la Ley General de Educación, con el fin de alcanzar una educación inclusiva y de calidad para todos los niños y jóvenes mexicanos, independientemente de sus condiciones físicas, personales y sociales.
En su intervención, la diputada señaló que en el informe 2016 de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reporta que un 48.7% del total de personas con discapacidad en México entre 3 y 22 años, se encuentra en condición de rezago educativo. Lo cual significa que casi la mitad de la población en estas condiciones, no tiene garantizado su derecho a la educación.
El derecho a la educación juega un papel esencial en el desarrollo integral de las sociedades y es factor determinante para cerrar la brecha de desigualdad y justicia que aún persiste en nuestro país; en consecuencia, el rezago educativo de las personas con discapacidad constituye un gran desafío para el Estado mexicano.
Esta reforma, añadió Méndez de la Luz Dauzón, parte del hecho de que México, no obstante haber suscrito y ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, no ha podido avanzar significativamente en la instrumentación de un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, con la finalidad de hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva e integral en la sociedad.
Estos compromisos implican la implementación de ajustes razonables en la legislación, las políticas públicas y los presupuestos, con el fin de fortalecer dentro del sistema educativo ordinario, una verdadera educación integradora e inclusiva que elimine la segregación o separación de las personas con discapacidad de manera permanente.
Está comprobado que los niños que se educan con sus pares en edad —independientemente de sus capacidades, condiciones o diferencias— tienen más posibilidades de desarrollarse de manera integral, de ahí la importancia de esta iniciativa que busca la inclusión, la igualdad y el respeto de la sociedad en su conjunto.
Por ello, esta reforma fortalece y deja claro que el ordenamiento es un diseño integrador que garantiza el derecho a la educación en condiciones de igualdad en el sistema educativo, tal y como lo mandata el propio artículo 41 de la Ley General de Educación.
Con la armonización al artículo 33 de la Ley General de Educación, señaló la diputada, atendemos lo estipulado en los acuerdos internacionales firmados por México, nuestra Constitución, la Ley General de Educación y la reciente resolución de la Suprema Corte de Justica en materia de educación inclusiva.
Es obligación de los Poderes de la Unión, contribuir al mejoramiento de nuestro modelo educativo, por ello apostamos por una educación que amplíe el alcance y la protección de los Derechos Humanos de todas las personas; y reiteramos nuestra coincidencia con la ponencia elaborada por el Ministro Alberto Pérez Dayán, en el sentido de que la escuela ordinaria es el espacio propicio para combatir las actitudes discriminatorias y construir una sociedad más justa e igualitaria.
