El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, propuso una reforma al Código Penal Federal para obligar a los agentes del Ministerio Público a constatar en todos los casos de asesinato con violencia de mujeres si existe alguna de las razones de género que configuran el feminicidio y, de ser así, castigarlo con mayor penalidad.
Al participar en la presentación virtual de la propuesta de tipo penal homologado de feminicidio para todo el país, con una sanción de entre 40 y 60 años de cárcel, el fiscal general sostuvo que la obligación de verificar si las muertes violentas de mujeres constituyen feminicidios ayudaría a sancionar con mayor rigor ese delito.
“Yo creo que obligarlos a que en todos los casos de muerte violenta tengan que acudir a esta figura legal para ver que se aplique la mayor pena a quien haya cometido este delito, nos va a ayudar; no modifica lo que ustedes hicieron, al contrario lo ratifica y lo sostiene mejor”, dijo.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, celebró la presentación de la propuesta de tipo penal homologado de feminicidio a los congresos locales, con el fin de que ese delito se investigue, se persiga, se sancione y se repare de la misma forma en todas las entidades federativas y pueda representar una garantía de justicia para las víctimas.
“La magnitud y la gravedad de violencias contra las mujeres alcanza en el feminicidio su máxima expresión; el asesinato de mujeres por el hecho de serlo es resultado de una sociedad machista, misógina y profundamente violenta”, puntualizó.
Durante el encuentro a distancia con la participación de las legisladoras integrantes del Grupo de Trabajo para el Análisis del Delito de Feminicidio, la legisladora panista subrayó que en México se registra un asesinato de mujer cada dos horas y media, y muchas de las víctimas son violadas, torturadas, mutiladas y tiradas como bultos de basura en la calle.
La Cámara de Diputados y la FGR propusieron por ello a los congresos locales el tipo penal homologado de feminicidio que contempla una sanción de entre 40 y 60 años de cárcel, además de precisar las razones de género para configurar el delito y castigar a los responsables.
De acuerdo con la proposición, la pena de prisión aumentaría hasta en 50 por ciento si el responsable es un servidor público encargado de funciones de prevención, persecución o sanción del delito y hasta en un tercio si el delito es cometido tras suministrar estupefacientes o psicotrópicos para causar la inconsciencia de la víctima.Con información de Milenio
