Una tormenta política sacude en silencio al Consejo Municipal del OPLE en Orizaba. Desde hace días, el presidente del órgano, Josué Ramón Ubaldo Olvera, habría renunciado en medio de fuertes diferencias con la secretaria del consejo, sin que a la fecha exista acuerdo oficial de sustitución ni posicionamiento público del OPLE Veracruz. El vacío legal e institucional generado es aprovechado por actores con intereses partidistas.
De acuerdo con fuentes internas confiables, el consejero estatal Quintín Antar Dovarganes Escandón estaría operando directamente para frenar la salida del presidente y evitar que el escándalo escale, pese a que su intervención representa una clara intromisión en las funciones del órgano colegiado municipal.
Más grave aún, señalamientos coincidentes apuntan a que Quintín estaría operando en coordinación con un conocido mapache electoral que ha sido visto en distintos puntos de la ciudad vinculado al equipo de campaña del candidato Hugo Chahín Kuri. El objetivo, aseguran fuentes con conocimiento del caso, sería controlar desde adentro las decisiones clave del consejo electoral municipal y facilitar condiciones para un fraude electoral orquestado.
La alerta máxima se activó tras recibir reportes de que el equipo de Chahín tendría en su poder reproducciones fieles de boletas, actas, sellos oficiales e incluso paquetería electoral, listas para sustituir las originales en caso de que los resultados no le favorezcan. Esto apunta a una operación perfectamente planeada, de carácter ilícito, con respaldo de recursos y complicidades institucionales.
Integrantes del consejo municipal señalan que la presión, el desorden interno, la manipulación de información y la filtración de datos estratégicos han sido constantes en las últimas semanas, lo que ha imposibilitado el trabajo colegiado e imparcial que exige la Ley Electoral del Estado de Veracruz.
El OPLE, hasta el momento, ha guardado un silencio absoluto, violando los principios de máxima publicidad, legalidad y certeza. De no actuar de inmediato, la autoridad electoral estatal corre el riesgo de convertirse en cómplice por omisión de un proceso contaminado por intereses personales, estructuras paralelas y delitos electorales en grado de tentativa.
Este caso requiere atención urgente de la presidencia del OPLE Veracruz y del Tribunal Electoral, así como vigilancia directa del INE y organismos federales, para garantizar que el proceso en Orizaba se mantenga dentro de los cauces legales y democráticos.
