Alberto Islas Reyes, abogado general de la UV, afirmó que el proceso sigue en integración y pese a que la denuncia se interpuso en febrero de 2016, no hay fecha establecida para una posible judicialización de esta.
Señaló, que la UV sigue aportando los supuestos probatorios que le son solicitados y aunque han pasado casi dos años, indicó que son cuestiones de ley.
Cabe destacar, que los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, por los que fue acusado el exmandatario preso en el Reclusorio Norte no prescriben, de ahí que la PGR tendría todo el tiempo que necesite para la averiguación previa, lo que en absoluto inquieta a la UV, pese a que reclamaba 2 mil 500 millones de pesos.
