De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que la Procuraduría cumpla con este procedimiento, el juez de control citará a una audiencia intermedia para depurar las pruebas, que deberá llevarse a cabo en un plazo de 30 a 40 días naturales.
Si los fiscales no cumplen con su obligación de presentar la acusación en el término establecido, la omisión será comunicada por el juez de control al Procurador o el encargado de despacho de la PGR para que se pronuncie también en un plazo de 15 días.
«Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenará el sobreseimiento», dice el artículo 325, lo que implica la cancelación del procedimiento judicial, aunque en el caso de Javier N no necesariamente significaría su libertad porque tiene otros procesos en curso.
Según la norma, la presentación de la acusación de la PGR -una acción legal parecida al pliego de consignación del sistema de justicia anterior o tradicional- también haría correr otros plazos para las partes involucradas en el proceso.
Por ejemplo, cuando la acusación sea notificada a la víctima u ofendido, en este caso la Secretaría de Hacienda, ésta tendrá tres días para requerir por escrito la corrección de cualquier vicio formal que detecte en el expediente y presentar sus propias pruebas.
Una vez que esos tres días se cumplan, la defensa del ex Gobernador de Veracruz contará con otros 10 días para hacer lo propio, es decir, para responder la acusación y presentar su material probatorio.
«El escrito del acusado o su defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación», dice el artículo 340 del código.
En la audiencia intermedia, que hipotéticamente y en el mejor de los casos podría celebrarse hasta la segunda mitad del mes entrante, la PGR y la defensa de Javier Ndebatirán sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, con el propósito de que sean depuradas para un eventual inicio del juicio.
Cuando fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado, derivado del presunto desvío de mil 670 millones de pesos del erario, la PGR presentó 82 datos de prueba contra Javier N.
Después de la etapa intermedia, esos datos de prueba y las cantidades del lavado podrían modificarse, ya que sólo pueden ser llevadas a juicio las evidencias que cumplen con todas las formalidades legales.
Además, la PGR está a la espera de una serie de informes bancarios que solicitó a Suiza desde septiembre de 2017 y de los cuales se desconocen los montos.
El Código prevé el diferimiento por 10 días de esta audiencia, por una sola ocasión y por solicitud de la defensa.
Sin embargo, en caso que el ex Gobernador litigue contra las pruebas de la PGR y los respectivos acuerdos del juez de control, la audiencia intermedia deberá esperar hasta que se resuelvan las apelaciones o amparos, lo que significa un tiempo indefinido.
Duarte fue extraditado por Guatemala el 17 de julio de 2017 y desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
