Este cinco de enero vence el plazo para que los poderes federales, estatales o municipales y cualquier otro ente público, remitan al Instituto Nacional Electoral (INE) las solicitudes y documentación necesaria para poder difundir campañas con contenido gubernamental vinculadas con los conceptos de educación, salud o protección civil en casos de emergencia, ante la organización de un eventual Proceso de Revocación de Mandato.
En virtud de que la propaganda gubernamental está regulada durante el desarrollo de los procesos electorales así como para la Revocación de Mandato, el Instituto Nacional Electoral tiene el deber legal de realizar el análisis de cada una de las solicitudes de excepción, mismas que deben presentarse a más tardar treinta días previos al inicio del periodo de difusión, es decir, a partir de la aprobación de la Convocatoria, que se tiene prevista para el 4 de febrero, y hasta el día de la Jornada de Revocación de Mandato el 10 de abril.
Por ello, el pasado 17 de noviembre de 2021, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG1717/2021, donde se asignaron los tiempos en radio y televisión para la difusión del Proceso de Revocación de Mandato y se aprobaron los criterios de distribución de tiempos para autoridades electorales, así como el procedimiento que regula la suspensión de propaganda gubernamental en todas las esferas de gobierno.
Al respecto, el Presidente del Consejo Local del INE en el Estado de Veracruz, Josué Cervantes Martínez, refirió que este procedimiento administrativo obedece a un mandato constitucional, “es importante destacar que el INE tiene una enorme responsabilidad en la organización de las elecciones en nuestro país, así como en la Revocación de Mandato y la certeza, equidad e imparcialidad, entre otros principios, deben ser la base durante la implementación del proceso”.
En ese sentido, agregó Cervantes Martínez, el proceso de Revocación de Mandato debe desarrollarse en un marco de igualdad y por tanto impedir que terceros ajenos incidan de manera positiva o negativa en el resultado o que se utilicen recursos públicos para quebrantar la opinión de la ciudadanía.
