Tras la aprobación de la Cuenta Pública 2025 en el Congreso del Estado, el diputado local Esteban Bautista Hernández puso bajo la lupa las irregularidades financieras detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), revelando un presunto daño patrimonial acumulado que supera los 2 mil 700 millones de pesos en los ayuntamientos de la entidad.
Durante su posicionamiento, el legislador exigió que no se otorgue impunidad a los exalcaldes responsables y pidió la intervención directa de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción para que los recursos públicos sean devueltos o se proceda legalmente conforme a la ley.
De acuerdo con los datos presentados por el diputado, el listado general incluye a decenas de demarcaciones con observaciones financieras; sin embargo, los 10 municipios con mayor monto de presunto daño patrimonial en este ejercicio son los siguientes:
Santiago Tuxtla: 86 millones 469 mil pesos.
Ixhuatlán de Madero: 70 millones 225 mil pesos.
Coscomatepec: 69 millones 280 mil pesos.
Catemaco: 64 millones 713 mil pesos.
Acayucan: 63 millones 139 mil 789 pesos.
Coatzintla: 60 millones 287 mil pesos.
Agua Dulce: 60 millones 213 mil pesos (municipio cuyo exedil, Noé Castillo, actualmente se desempeña como funcionario en la SEV).
La Antigua: 59 millones 32 mil pesos.
Altotonga: Aproximadamente 56 millones de pesos.
Ixhuatlán del Café: 56 millones 952 mil pesos.
A esta lista se suman otros ayuntamientos con montos millonarios afectados, como San Rafael (50.9 millones), Jalacingo (50.4 millones), Isla (49 millones), Omealca (47.2 millones) y Filomeno Mata (44.4 millones), además de diversas comisiones municipales de agua y organismos estatales de infraestructura.
Bautista Hernández aclaró que el aval legislativo otorgado a la Cuenta Pública no constituye una absolución legal para los exservidores públicos señalados; las cifras expuestas corresponden a observaciones preliminares de fiscalización y deberán ser solventadas o investigadas formalmente para fincar responsabilidades definitivas.
“No voy a quitar el dedo del renglón hasta que se aplique la ley, porque es recurso público”, sentenció el legislador, al tiempo que adelantó reuniones de seguimiento con las autoridades procuradoras de justicia.
