Javier Laertes.- El proceso de reestructuración que planteó el Estado de Veracruz generó un ahorro de la deuda pública heredada de las pasadas dos administraciones estatales del orden de los 2 mil 514 millones 675 mil 745 pesos en solo tres meses.

De acuerdo con lo anterior la deuda que enfrentaba el gobierno veracruzano de acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), era de 43 mil 820.5 millones de pesos, el cual se logró reducir el pasado mes de marzo a 41 mil 305.7 millones.

El titular de la dependencia José Luis Lima Franco destacó que este proceso generó además que la calificación crediticia de Veracruz se modificará, lo que representa mayor certeza económica para la entidad.

En abril la calificadora internacional HR Ratings modificó la nota para Veracruz, el cual pasó de perspectiva estable a perspectiva positiva, según el informe se destacó el acierto de llevar a cabo dicha reestructura aplicada en noviembre de 2019.

Dicho proceso, mejoró el perfil de amortizaciones con el que contaba el Estado y se logró un decremento en la sobretasa aplicable, es decir un ahorro sustancial para poder destinar recursos a sectores prioritarios como la salud y educación entre otros.

Además, se suma el Informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reconoció al gobierno veracruzano por bajar un -9.18 por ciento el saldo de la deuda del ejercicio fiscal 2019 en comparación con el ejercicio fiscal 2018, en términos reales, pasando de 44 mil 355 millones de pesos a 41 mil 420 millones de pesos.

Mientras que en los Resultados del Sistema de Alerta, el nivel de endeudamiento de Veracruz se mantiene como “sostenible” y se señala que en caso de que se requiere, el gobierno de Veracruz podría contratar financiamientos y obligaciones por el 15 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición durante el Ejercicio Fiscal 2020.

Esta es una opción, pues el propio Ejecutivo estatal, así como el titular de la SEFIPLAN, al momento el Gobierno no ha anunciado que requiera financiamiento, por lo que continuará con la política de ahorro y austeridad para hacer frente a la crisis económica que derivaría de la contingencia sanitaria por COVID-19 en territorio estatal.

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