Xalapa, Ver (Animal Político).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha presentado en los últimos meses tres denuncias penales por posibles hechos de corrupción y operaciones de lavado de dinero en las aduanas de Progreso, Yucatán; Tuxpan, Veracruz y Mexicali, Baja California; e investiga hechos similares al menos cuatro aduanas más.
De acuerdo con autoridades federales consultadas por Animal Político, las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público federal apuntan a los funcionarios comisionados a las mismas como probables responsables. Algunos serán removidos de sus cargos para facilitar las investigaciones.
Las anomalías fueron detectadas por la UIF a través de diversas estrategias que se han puesto en marcha para tratar de identificar las cadenas de corrupción que continúan funcionando en amplios sectores del sistema de aduanas y de la administración de puertos en México.
Una de esas estrategias consistió en analizar las operaciones financieras de los 44 responsables de cada una de las aduanas en el país, a través de un modelo de riesgo que permite identificar transacciones o movimientos que se consideren inusuales y sospechosos de lavado de dinero. Esto con la finalidad de seleccionar objetivos prioritarios.
A lo anterior se suma una verificación profunda de las actividades en la aduana en cuestión y los procedimientos aplicados en cada una de ellas.
Lo anterior permitió identificar en los casos de Progreso, Tuxpan y Mexicali anomalías graves como un potencial tráfico de especies protegidas, venta de automóviles importados de forma irregulares, ingreso de sustancias prohibidas y drogas, entre otros.
Las indagatorias ahora están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de sus áreas especializadas en investigación de hechos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A la par, la Secretaría de la Función Púbica (SFP) también inició investigaciones de carácter administrativo en contra de los funcionarios de las referidas aduanas, luego de que la UIF le notificó de las anomalías encontradas. En este caso, las indagatorias podrían dar paso desde multas hasta inhabilitaciones temporales o definitivas.
