Con irregularidades en 72 actas, el pleno del Congreso validó el informe de la Secretaría General por el que la mayoría de los ayuntamientos aprueban el decreto que reforma la Constitución para que el Congreso del Estado pueda remover al titular de la Fiscalía General.
Dicha ley es conocida como “Ley Anti Winckler” y supuestamente, fue avalada por 132 de los 212 Ayuntamientos, pero, 72 actas presentaban irregularidades.
Cabe recordar, que se trata de una reforma constitucional al artículo 33 de la Constitución Política de Veracruz, con la que se busca que el Legislativo designe y remueva al Fiscal General del Estado con el voto de las dos terceras partes.
Durante la sesión se dio lectura al número y nombre de los Ayuntamientos que respaldan la reforma a la Constitución Política local y los que rechazaron la misma.
En la sesión, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, pidió la solicitud para una moción aclaratoria y por varias horas revisó una a una las actas.
Tras el recuento la legisladora solicitó que el procedimiento se declarara inválido, pues dijo que algunos de los Ayuntamientos aprobaron un artículo distinto a la reforma, motivo por el que culpó a la Secretaría General del Congreso de querer presentar actas irregulares.
La legisladora pidió a la Mesa Directiva que no se avalara el proceso; sin embargo, fue ignorada porque, aunque el vicepresidente y el secretario no sabían qué hacer porque el presidente se ausentó durante todo el recuento y la exposición de motivos de la diputada, se consideró que el proceso era legal.
Incluso la legisladora fue ignorada por varios minutos cuando pedía sonido en su curul para externar una opinión y cuando lo hacían los integrantes de la bancada de Morena la “abucheaban”.
El vicepresidente de la Mesa Directiva aprobó la legalidad de las actas. Por ello, se determinó que 132 municipios votaron a favor de la reforma y los Ayuntamientos de Actopan, Álamo, Apazapan, Boca del Río, Citlaltépec, Coxquihui, La Antigua, Las Choapas, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre y Yecuatla, la rechazaron.
Al resto de los municipios se les aplicó la figura de afirmativa ficta, es decir, que se da como aprobado, si en un plazo de 30 días no se pronunciaron ni a favor, ni en contra.
