José Luis Enríquez Ambell – Esta idea, propuesta, decisión y «acuerdo» que anunció la Secretaría de la Función Pública (SFP), lleva a suponer -de entrada- que es en razón de que «ya no hay corrupción», o ¿será para «facilitar» el llamado año de Hidalgo?
Y es que en términos institucionales esto lleva a pensar también que vamos en camino a querer hacer un changarro de las dependencias y entidades públicas del Gobierno.
La SFP desaparecerá los Órganos Internos de Control (OIC) de 21 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal -16 en igual número de Secretarías de Estado y 5 en las entidades paraestatales así como, en órganos desconcentrados- y en su lugar designar a los llamados: «titulares de Área de Especialidad».
Las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Cultura y la de Turismo, son las afectadas. Y las entidades y órganos en las que desaparecerán los OIC son: Registro Agrario Nacional, Instituto Nacional de Migración, Prevención y Readaptación Social, Servicio de Protección Federal y el Instituto de Salud para el Bienestar. Las Secretarías de la Defensa y de Marina, no serán tocadas ni con el pétalo de una rosa.
Resulta por demás extraño que la eliminación de los OIC sea en el cierre y quinto año de la Administración del Presidente López Obrador, y cambiar la organización del control, evaluación y vigilancia, lo que no va de la mano con la transparencia y rendición de cuentas.
El control de la administración pública desde las contralorías internas son una herramienta para asegurar la adhesión a las políticas de toda la Administración, para contribuir al cumplimiento de las normas, así como, promover la eficiencia y eficacia de los servidores públicos en relación al presupuesto, gasto público e instituciones.
Cabe decir que desde que existió la SECOGEF (Secretaria de la Contraloría General de la Federación),- ahora la Secretaría de la Función Pública (SFP), se creó para combatir la corrupcion, y cabe reconocer que esa es una misión básica de toda organización, como quiera que se llame: Dependencia, Entidad Pública, Organismo, etc., luego entonces ahora habrá que suponer que no habrá en el quinto año de gobierno sólo borrón y cuenta nueva, pero me da la impresión que lo que sigue es desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, lo cual es de llamar poderosamente la atención, más en estos tiempos donde toda la fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupcion nace a partir de la existencia y la actuación de los Órganos Internos de Control.
Ahora bien, cualquier denominación que le pongan y dependiendo del poder político y los Poderes de la Unión,- el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, incluyendo a los órganos autónomos constitucionales,- mientras el propósito sea combatir la corrupcion, va a ser INOPERANTE, porque si el de arriba es corrupto, es muy difícil que quien dependa de él lo controle, haga caso, y se olvidan que las Contralorías están para ayudar a que haya un mejor gobierno e incluso, servidores con orientación normativa.
«No combatir la corrupción es permitir que se acrecente la impunidad».
DE SOBREMESA
Esto hace sospechar que se está preparando el terreno para que desde el presente, y hasta en el devenir, no haya áreas sustantivas que vigilen y controlen el cierre sexenal, y que el proceso de la entrega – recepción tienda a que resulte de color pastel, y quizá evitando posibles observaciones y sanciones ante irregularidades encontradas.
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA
La designación de los contralores -ahora a los que llamarán especialistas- directamente por los titulares de las dependencias y entidades públicas implican sospechas de posibles actos de corrupción que se dejen de observar y hasta de documentar, dicho de otra forma: tolerar. Y creo, que el planteamiento al Presidente en ese sentido no ha sido el mejor como tampoco la decisión tomada con ese acuerdo.
UN LECHERO LIGHT DIVORCIADO
La gestión y aplicación eficiente de los recursos públicos son responsabilidad de los titulares Administrativos como el Código Financiero y las normas lo describen. Y el sistema de control y evaluación gubernamental es responsabilidad de las Contralorías Internas, con el apego a la legalidad en procesos y procedimientos en las dependencias y entidades públicas. Y ahora, en lugar de avanzar para mejorar, me parece que vamos de mal en peor.
UN CAFÉ CON CANELA Y PANELA
«Lo que no se mueve está muerto».
UN CAFÉ NEGRO VERACRUZANO
Nada cambia sólo se transforma, o más bien todo es un reciclaje.
UN CAFÉ DE OLLA DE BARRO
El blindaje electoral para evitar que los servidores públicos participen irregularmente en procesos electorales, es un menú con carta abierta al desorden.
¡ ES CUANTO !
José Luis Enríquez Ambell
[email protected]; [email protected]
Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.
