Héctor Yunes Landa // Articulista invitado
Uno de los temas más importantes que deberá abordar la Cámara de Diputados durante el periodo de sesiones que inició este sábado es la iniciativa para reformar el incipiente sistema de justicia penal.
Según se ha informado, habrá dos paquetes legislativos que remita el jefe del Ejecutivo: uno en materia de procuración de justicia y otro de reformas en materia de administración de justicia.
En el primer caso, la iniciativa que se propone debilitaría los derechos de los ciudadanos y pondría en evidencia el fracaso de la estrategia para la pacificación del país. Significa además un retroceso a la reforma de 2008, volviendo a un modelo donde se privilegia –a través el fortalecimiento de la figura del arraigo- la presunción de culpabilidad antes que la de inocencia.
Organizaciones civiles y personas expertas en seguridad han alertado que se busca crear una “fábrica de culpables” y regresar a un sistema inquisitorio donde se podría legitimar la tortura y las violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, se considera tipificar nuevamente la difamación como un delito, lo cual se prestaría a la persecución de periodistas.
Sin embargo, un gobierno represor no resolverá la crisis de violencia e inseguridad que se vive en el país. Un año después, el gobierno federal adolece de una estrategia clara, concreta y realista que se sustente en datos y no en opiniones.
Durante 2019, el año más violento en la historia de México, todos los indicadores de delitos de alto impacto tuvieron un incremento: homicidio (2.48% / 35 mil 588 víctimas); extorsión (29% / 8 mil 523 víctimas); trata de personas (12.6% / 644 víctimas); feminicidio (10.3% / mil 6 víctimas, la mayoría de ellas en Veracruz); y secuestro (3.4% / mil 614 víctimas).
Al menos 95 personas fueron asesinadas diariamente, cifra que representa un aumento de 2.48% con respecto al 2018. Tenemos una tasa 5 veces superior a la tasa mundial. De hecho, si la Estrategia Nacional de Seguridad Pública no cumple sus objetivos de revertir esta incidencia, al final de este sexenio estaríamos contando una cantidad superior a las 200 mil muertes violentas, el equivalente a la tercera parte de toda la población de Colima.
Frente a esta realidad, el gobierno fortaleció su obstinada pretensión de desaparecer instituciones estratégicas en el combate a la delincuencia organizada. Sin el CISEN, el Estado mexicano carece de información de inteligencia y planeación estratégica; además, el irregular proceso de desaparición de la Policía Federal ha puesto a muchos de sus integrantes a un paso de ser reclutados por las organizaciones del crimen organizado.
Al mismo tiempo, se utiliza a la Guardia Nacional (GN) para la detención y persecución de migrantes indocumentados, cuando su propósito es combatir al crimen organizado y resguardar la seguridad de la población. Hasta ahora, más de 25 mil elementos han sido movilizados a la frontera sur, en cumplimiento de un acuerdo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.
En el extranjero ven a nuestro país como un lugar poco recomendable para invertir a causa de la creciente inseguridad y el endurecimiento de políticas económicas. Lo que ven de nosotros es la liberación pactada de un narcotraficante, la imagen de niños de Chilapa portando armas para defenderse de la delincuencia o la ausencia de foros tan importantes como en Davos, donde los países desarrollados sólo hablan de la violencia que se vive en México.
Pero todos estos problemas no se van a resolver endureciendo el sistema de justicia. De confirmarse el contenido de la iniciativa, se pondría en evidencia la desesperación de un gobierno rebasado por la violencia y la delincuencia. Ni la amnistía, ni el perdón, ni el olvido, han evitado que en el país haya más balazos que abrazos.
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados actuará con responsabilidad en la defensa de los derechos y libertades de los mexicanos. Si el gobierno federal desea recuperar la paz, se deben fortalecer las instituciones con las que ya contamos y mejorar la capacidad de nuestras fuerzas armadas.
Dotar de facultades extraordinarias al gobierno y al sistema de justicia sólo nos acercará a un Estado policiaco. Nadie desea volver al pasado.
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