Javier Laertes.- El ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras señaló que con la recomendación que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se confirma la violación de sus derechos al momento de su detención en junio de 2018 por órdenes de Jorge Winckler Ortiz.
En entrevista reiteró que en el momento se ejerció dicha acción en su contra a pesar de contar con una suspensión que otorgó un juez federal, por lo que quien ordenó su aprehensión incurrió en una ilegalidad.
“Esa detención había sido un ardid simulatorio para acreditar no sé qué cosas, lo cierto es que con esto que hoy se da a conocer a la opinión pública, la recomendación en torno al hecho de mi detención el 17 de junio de 2018 se comprueba que fui privado ilegalmente de la libertad, que Gamaliel Hernández Sánchez fue el policía que ejecutó la orden de aprehensión junto con otros elementos que llevaba a su mando, con la orden que le dio Luis Eduardo Coronel Gamboa y Jorge Winckler Ortiz y se habla también de que Marcos Even Torres Zamudio fue algo excesivo, arbitrario, ilegal, inconstitucional y hasta delictuoso”, señaló.
Es por lo anterior que ahora, con esta resolución del organismo garante de los Derechos Humanos en la entidad, la autoridad inicia nuevas carpetas de investigación en el estado en contra de Winckler Ortiz, así como contra el ex fiscal regional de Xalapa.
“Gracias a esto ya hay carpetas de investigación federales y ahora habrá estatales”, dijo y reiteró que buscará que se haga justicia, así como que también se aplique la ley contra quienes incurrieron en estos delitos en su contra.
“Repito lo que dije cuando salí del penal, que yo no voy a dejar de pelear por mi honor, el honor de mi familia, por demostrar mi inocencia y de todo lo que expresé desde el principio de este tortuoso asunto, nunca he mentido, todo ha sido verdad y la prueba la están validando las instituciones como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, apuntó.
Explicó que la recomendación que emitió este organismo, ordena que se inicie una investigación en contra de los ex funcionarios en cuestión para proceder conforme a lo que marca la legalidad.
“La Comisión determina iniciar la investigación en contra de los ex funcionarios y las consecuencias que apareje su ilícito actual, al margen de ello, finalmente valida que se violó mi derecho humano a la libertad personal y al de seguridad jurídica que es algo que siempre he estado reclamando”, finalizó.
