El secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, informó que ya fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Veracruz por una presunta triangulación de recursos, mediante fundaciones, inmobiliarias y agencias de publicidad, por un monto de 280 millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
“Nosotros ya hicimos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, tanto local como Federal de la República, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Son dos denuncias distintas”, señaló.
En entrevista, el funcionario estatal explicó que el monto sujeto a investigación asciende a 280 millones de pesos y estaría relacionado con una fundación denominada EDAL, que presuntamente administraba recursos de la universidad.
“Es la fundación que tenía o que manejaba los recursos de la Universidad. Una fundación que se llama EDAL manejaba cerca de 280 millones de pesos y los manejaba a través, lo hemos dicho, de diversos mecanismos”, detalló.
Reyes Hernández señaló que los recursos captados por la fundación, incluidos los provenientes de estudiantes y otras fuentes que forman parte de la revisión, no necesariamente llegaban de manera directa a quienes prestaban sus servicios en la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, los recursos habrían pasado primero por distintos intermediarios, entre ellos empresas inmobiliarias y agencias de publicidad, para posteriormente ser utilizados en el pago de docentes y otros servicios.
Como ejemplo del presunto esquema, explicó que una persona que trabajaba para la UPAV podía no tener una relación laboral directa con la universidad y recibir sus remuneraciones a través de una empresa dedicada a actividades distintas.
“Una persona que trabajaba en la UPAV no tenía contrato laboral directo; le pagaban a través de una agencia de publicidad bajo el concepto de honorarios o pago de publicidad”, explicó.
Al respecto, destacó que las denuncias fueron interpuestas hace algunas semanas y se presentaron contra quien resulte responsable. Corresponderá ahora a las autoridades ministeriales determinar quiénes participaron en las operaciones y si existen responsabilidades penales.
Por la naturaleza de los hechos denunciados, el Gobierno estatal acudió tanto a la instancia local como a la federal. Las denuncias contemplan presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada.
