FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO.- Así es, esta vez vamos a comentar dos sucesos que provienen del Poder Judicial del estado, uno de ellos proviene de adentro y el otro es causado por los otros dos poderes estatales mas causa un gran problema en la impartición de justicia.

Empezaremos abordando el problema interno y ese consiste en la suspensión de sus funciones impuesta por el Consejo de la Judicatura local al Juez Primero de Primera Instancia de Veracruz, ya que según el boletín emitido por el Consejo de la Judicatura el día 21 de agosto, dicha suspensión es una consecuencia del inicio de un proceso administrativo sancionador derivado de una investigación oficiosa realizada por la Comisión de Disciplina y Vigilancia del Consejo y durará hasta que se dicte la resolución a dicho proceso.

Dicho comunicado concluye diciendo que se analizará que el actuar del juzgador haya sido acorde con los contenidos en la norma y que se haya juzgado con perspectiva de género.

Como contexto de este boletín tenemos que dicho juzgador estuvo a cargo de juzgar a Diego N, quien fue uno de los agresores sexuales en contra de una joven en la ciudad de Boca del Río en el 2015; caso que fue muy mediático y que ya tiene a un juzgador federal también destituido por haber concedido un amparo al mismo sujeto y que además se encuentra encuadrado en una de las cuestiones más dolorosas por las que atraviesa la sociedad mexicana.

Siendo sensible el tema, porque la violencia y la inseguridad son las cosas que más aquejan a este país, ya que independientemente del sexo o condición, nadie está seguro en las calles y más en la noche.

Solo que el problema aquí se encuentra no tanto en la resolución emitida, sino en el proceder del Consejo de la Judicatura, ya que decidió suspender e investigar la decisión judicial, iniciando un procedimiento administrativo sancionador en contra del juez, aduciendo que se estaba investigando si había actuado conforme a la norma y si había juzgado con perspectiva de género.

O sea, se investiga un tema propio de la sentencia, no una infracción de otro tipo, como pudiera ser un presunto soborno o algún otro acto de corrupción y por esa sentencia se pretende sancionar al juzgador.

¡Ese es el problema! Ya que se suspende e investiga al juez solo por hacer su trabajo; ya que de acuerdo al boletín mencionado, la investigación versa sobre si aplicó las normas correspondientes o si juzgó con perspectiva de género, es decir si sentenció correctamente o si no lo hizo.

No, eso no debe de ser motivo bajo ninguna circunstancia para pretender sancionar a un juzgador, ya que la labor del juez es dictar sentencias usando su criterio en base a los hechos y pruebas expuestos por las partes y si bien puede equivocarse, todos los humanos podemos equivocarnos, para ello existen instancias revisoras, en las que precisamente se verifica si el juez resolvió conforme a la norma y en caso de que no fuere así, se modifica o revoca la sentencia. Así es como funciona el sistema judicial.

Ya que de lo contrario tendríamos a jueces que en casos análogos se van a ver en la obligación de declarar culpabilidades y aplicar las penas máximas so pena de perder su trabajo o incluso de enfrentar problemas legales, con lo cual se estaría acabando con la independencia judicial y con ella se acabaría también con principios fundamentales de la impartición de justicia como lo son el derecho al debido proceso o el de presunción de inocencia, ya que ¿Qué ocurriría cuando el acusado sea víctima de una extorsión o simplemente sea señalado de haber cometido un ataque sexual por haber tenido una simple rencilla?

No, señores consejeros ese tipo de suspensiones suspensiones no deben de tener lugar.

El otro asunto relacionado con el poder judicial que abordamos en esta ocasión es que últimamente ha causado un gran revuelo el que se han otorgado amparos en primera instancia debido a la deficiente conformación de las Salas que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Siendo la situación que impera en ellas es que, por carecer de magistrados se ha recurrido a nombrar ya sea a secretarios de sala o a jueces para que realicen las funciones de los magistrados faltantes y por ello dicen que las salas no están debidamente conformadas, ya que no tienen los tres magistrados que debieran tener.

Y si a ello le añadimos que bajo el contexto político de renovación en la presidencia del Tribunal que se va a dar finales de año, hay campañas mediáticas organizadas por abogados, que al parecer no son muy conocedores del derecho, que dicen que es culpa del Presidente del Tribunal (quien no es una perita en dulce) el que suceda esta deficiente integración.

Sin embargo, pasan por alto que en este caso la culpa no ni del presidente ni de ningún otro integrante del poder judicial, ya que la raíz del problema reside precisamente en la falta de magistrados y de acuerdo a la constitución del estado, el nombrarlos corresponde al gobernador y a la legislatura estatal.

Por ello, las críticas deben de ir hacia esos dos poderes quienes simplemente no han hecho nada para resolver esa grave situación, además no debemos olvidar que los actuales integrantes de esos dos poderes fueron muy buenos para sabotear el año pasado el nombramiento de los magistrados, pero ahora que tienen esa responsabilidad, simplemente no han hecho nada.

Así que señores abogados, si en verdad son conocedores de la norma constitucional y pretenden hacer una crítica bien sustentada, entonces presionen al gobernador y a los diputados, ya que lo demás solo son grillas baratas.

felfebas@gmail.com

Twitter: @FelipeFBasilio

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