FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO.- Así es queridos lectores, el hampa nunca descansa ni tampoco se detiene por la cultura del terror que están imponiendo a causa de la pandemia, sino que por el contrario y debido a esa cultura del terror el hampa va incrementar sus actividades, ya que el perderse negocios y empleos, la necesidad va a orillar a muchas personas a delinquir, ya que no hay que olvidar que la necesidad es otra de las causas que originan tanto el descontento social como la comisión de delitos.
Lo anterior sale a colación debido a que en esta ocasión continuaremos con la serie de columnas que tratan sobre la necesidad de justicia en México y que comenzó hace tres semanas abordando el infame cierre de juzgados que dejó a millones de justiciables en la indefensión total, continuó hace dos tratando el deficiente papel de los abogados que se conforman con ese cierre y después en la colaboración anterior se expusieron unas consideraciones sobre la cultura del terror que afecta a todos los sectores de la población.
Pues en esta ocasión abordaremos la otra obligación que tiene el Estado en relación a la justicia y esta es la de procurarla, es decir el hacer que sean llevados ante los tribunales y en su momento tratar de obtener sentencias condenatorias en contra de quienes cometen algún delito.
Este de por sí ya es un tema difícil en México debido a que una de las características del país es la endémica deficiencia en la procuración de justicia, ya que desde siempre el problema principal ha estado en la muy mala actuación de los ministerios públicos, hoy fiscales, y que solo cambiaron de nombre pero en relación a la persecución de delitos comunes siguen conservando casi en su totalidad las malas prácticas de antaño, es decir largos y tortuosos trámites para avanzar con casi cualquier denuncia que se presenta.
Y si de por sí ya se venían arrastrando esos problemas, la situación en nada mejoró al dotarse de “autonomía” a las fiscalías, ya que tanto a nivel federal como local vemos que, en la mayoría de los casos las mismas siguen siendo en los hechos parte de la administración pública centralizada.
Destacando particularmente el caso del estado de Veracruz, en donde la Fiscalía General del Estado lleva exactamente la misma cantidad de fiscales generales que el estado de gobernadores en lo que ha sido su hasta ahora breve existencia, ya que cada gobernador se ha encargado de vulnerar su autonomía e imponer a un incondicional al frente de la misma, problema que se agrava porque cada fiscal general de la misma manera impone a sus incondicionales en los cargos de menor nivel, situación que se agravó con la voracidad de la actual administración que hizo que renunciaran la mayoría de los fiscales con lo cual se provocó un mayor atasco en la tramitación de las carpetas de investigación.
Y en esa situación ya de por sí muy mala, llego la covid-19 con la cultura del terror que tanto organizaciones internacionales como gobiernos, medios de comunicación y burócratas confinados han difundido a los cuatro vientos; provocando que los pocos fiscales que estaban disponibles se ausentaran también de sus labores y la fiscalía como tal dejara de tramitar todas las carpetas que consideran como no prioritarias.
Es decir, si no se trata de un homicidio o de una devolución de vehículo mejor ni acercarse ya que nada de lo demás es prioritario y sí nos va bien tal vez en septiembre medio reanuden labores, porque además muchos están de vacaciones o tienen incapacidades por el tiempo que dure la pandemia.
Claro en ese catálogo de delitos que son prioritarios, aunque no lo dicen, también está la persecución política; ya que es por todos conocida la eficiencia casi legendaria que tiene la fiscalía para perseguir de manera exprés a funcionarios de la administración anterior o ahora ya también de la actual debido al canibalismo que practica Morena en sus filas, siendo este tema digno de abordarse en otra columna.
Mas el problema que tenemos todos los ciudadanos comunes y corrientes hoy en día es que no se procura justicia ya que, si se es víctima de un robo, de un fraude, de violencia familiar no aparatosa o cualquier otro delito; a lo más que se puede aspirar es a presentar la denuncia correspondiente pero la misma no será tramitada hasta que pase la crisis, en pocas palabras también la procuración de justicia está detenida.
Por eso llama la atención que el gobernador del estado llene de elogios a la fiscal general por su supuesto excelente desempeño, ya que en realidad es todo lo contrario y prueba de ello la tenemos en la fiscalía de distrito de Jalapa, la que solo tiene trabajando a dos de veintiséis fiscales que debiera y que se niega a seguir el trámite de cualquier carpeta que no sea de las que líneas arriba se mencionaron como prioritarias.
Mientras eso sucede con quienes investigan a quienes cometen delitos, los delincuentes están disfrutando un periodo de jauja como nunca antes se había visto, ya que hasta pueden vender o disfrutar lo robado mientras que la autoridad investigadora se encuentra fuera de combate por no tener personal suficiente laborando.
El Estado duerme, el Estado está en cuarentena que ya es más que centena, el Estado difunde y practica la cultura del terror y la población prácticamente vive en la ley de la selva porque la justicia es lo que menos importa.
Y por último también hay que decirle al abogado presidente de alguna barra o colegio de abogados en Jalapa, la verdad no importa lo que sea, que recomendaba a sus agremiados que mejor se dedicaran al derecho penal porque ahí a su decir se avanza más, que se dé una vueltecita por la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la misma ciudad para que vea que la realidad es muy diferente a lo que piensa desde la comodidad de su poltrón.
Twitter: @FelipeFBasilio
