Denise Díaz Ricárdez.- En el corazón de la vida democrática late, a veces con fuerza, la capacidad de debatir no solo lo que queremos como sociedad, sino también cómo queremos vivir y morir. Hoy México enfrenta uno de esos debates que trascienden las mayorías partidarias y tocan, sin concesiones, la dignidad humana: la discusión sobre la legalización de la eutanasia en el Congreso de la Unión.
En el centro de esta conversación no están las bancadas, sino las camas de hospital. No están las tribunas, sino las familias que acompañan a un ser querido en agonías prolongadas, dolorosas e irreversibles. Tampoco es un debate abstracto: tiene nombre y rostro. Uno de ellos es el de Samara Martínez, joven activista que, desde su propia condición médica, impulsó la llamada “Ley Trasciende” para que el Estado reconozca el derecho a decidir sobre el final de la vida en casos de enfermedad terminal.
El punto político es inevitable: ¿puede el Estado obligar a vivir a quien enfrenta un sufrimiento irreversible y consciente? ¿O su deber es garantizar que cada persona tenga la última palabra sobre su cuerpo y su dignidad?
La eutanasia, en México, sigue siendo jurídicamente equiparada al homicidio por piedad. El marco legal no distingue entre compasión y delito. Esa rigidez normativa puede entenderse desde una tradición cultural profundamente arraigada en la defensa de la vida “hasta su término natural”. Pero el problema surge cuando esa defensa abstracta se confronta con el dolor concreto.
Este debate, a la vez crudo y delicado, obliga a preguntarnos qué entendemos por muerte digna. Para muchas personas —incluida la propia Samara— se trata de una cuestión de autonomía: la posibilidad de decidir, con lucidez y humanidad, el propio destino ante un dolor incapacitante o una agonía prolongada. No se trata de romantizar la muerte, sino de humanizarla hasta el último respiro, como lo han expresado quienes impulsan esta ley.
Sin embargo, no se puede hablar de la eutanasia sin reconocer las profundas resistencias culturales y éticas que acompañan este tema. México es un país donde la vida se concibe, con firmeza, como un valor sagrado protegido desde la concepción hasta la muerte “natural”: así lo reafirma buena parte del discurso de grupos religiosos y conservadores que ven en la eutanasia un peligro moral o una pendiente resbaladiza hacia la desvalorización de la vida. Estas preocupaciones no son meramente abstractas; surgen de una cosmovisión que define el significado de la existencia humana y teme que la legalización pueda socavarla.
Desde una perspectiva legal, el reto es monumental. La eutanasia activa, como tal, aún está prohibida bajo la legislación mexicana y se clasifica como homicidio por piedad en los ordenamientos vigentes. Pasar de esa concepción a reconocer un derecho constitucional o legal implica cuestionar normas que han estado arraigadas en nuestra tradición jurídica y social durante décadas.
Pero más allá de juristas y legisladores, este debate debería ser, antes que nada, una conversación nacional sobre compasión, cuidado y libertad. ¿Es la eutanasia un abandono de la vida o una extensión del respeto por la voluntad individual? ¿Cómo protegemos a quienes sufren sin vulnerar a quienes temen que su implementación derive en abusos? ¿Qué papel juegan los cuidados paliativos, la atención médica y el acompañamiento emocional en esta ecuación? Preguntas como estas deben guiar nuestra reflexión, y no únicamente los instintos más polarizados.
Al final, legislar sobre la muerte no es un ejercicio técnico; es una decisión que revela qué tipo de sociedad somos y qué valores estamos dispuestos a blindar. Sea cual sea el resultado en el Congreso, la manera en que enfrentemos este debate definirá no solo la ley, sino también nuestra capacidad colectiva de mirar el dolor humano con empatía y respeto. La pregunta que hoy enfrenta el Congreso no es si la muerte es buena o mala —esa respuesta pertenece al ámbito íntimo de cada quien—, sino si el Estado debe tener la última palabra sobre el sufrimiento individual.
Y ahí radica el verdadero ángulo político: cuando el poder decide sobre el final de la vida, define también los límites de la libertad.
Si el Congreso opta por abrir esa puerta con controles estrictos, protocolos médicos y supervisión ética, estará apostando por la autonomía regulada. Si decide cerrarla, asumirá que la protección de la vida justifica incluso prolongar el dolor.
En cualquier caso, la discusión ya dejó una lección: México necesita hablar de la muerte con la misma seriedad con la que habla de la vida. Porque legislar sobre el último aliento no es una concesión ideológica; es una prueba de humanidad en el ejercicio del poder.
