Javier Laertes.- La administración estatal investiga un presunto caso de prestanombres de una empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), que representa una empresa que obtuvo contratos con el DIF estatal, así como otras dependencias para proveer algunos productos.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que no es una empresa fantasma, los contratos existen, por lo que el asunto se investiga donde se llamó a la empleada Araly Rodríguez Vez que trabaja en la dependencia educativa, quien confirmó es representante de dicha empresa.

“Ya se le llamó a ella, se le dijo a ver qué pasó ahí, ya confesó soy solo la representante de esa empresa, no soy dueña de la empresa, soy la representante. La empresa puede nombrar al representante que quiera para concursar”, puntualizó.

Sin embargo, el mandatario puntualizó que la investigación se realiza para determinar que no se trate de un asunto de prestanombres, pues explicó que empresas que tenían contratos en el pasado bienio, buscan representantes para que la actual administración no los “vete”.

“No es fantasma, ella es real y en efecto tiene esos contratos, estamos investigando, nosotros pensamos que es prestanombres de otra empresa, lo que pasa es que algunas empresas no quieren mostrarse como son por temas con la administración anterior, entonces creen que porque son o trabajaron, tuvieron contratos con la administración anterior, nosotros los vamos a vetar, entonces lo que está haciendo es utilizar a otra persona como su representante legal y hacerlo así con esa intensión, eso sería lo de menos, nosotros queremos ver si no están evadiendo impuestos a través de ese mecanismo”, detalló.

García Jiménez, reconoció que las investigaciones continuarán y se apicará la ley en caso de que se confirme alguna irregularidad, pues las licitaciones son abiertas y compiten varias empresas.

“Compiten por varias licitaciones, pero de todas maneras no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir investigando el caso”

Y es que Rodríguez Vez, además cuenta con contratos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),que entregó al menos 40 millones de pesos por uniformes a la dependencia.

En la Secretaría de Salud, fue beneficiada con siete contratos para la venta de batas quirúrgicas y overoles, por un monto superior a los 34 millones de pesos, cuando la rama de su empresa era la de bienes informáticos, bienes mobiliarios y otros.