POR: Francisco L. Carranco.- Acostumbrados a la sumisión al poder del ejecutivo que, históricamente, ha prevalecido desde la instauración del Gobierno Federal como República, luego de la revolución, el poder absoluto de un Presidente ni se juzga ni se desobedece, nadie tiene la razón contra una instrucción o mandato presidencial, por descabellada que ésta sea.

No se han cumplido aún lo 20 días del nuevo encargo de AMLO y lo que en otra época hubiera sido una instrucción nacional acatada de inmediato, la propuesta de campaña de Andrés Manuel López Obrador, de bajar los sueldos y entrar a una austeridad republicana camina despacio y, por lo menos, en el poder ejecutivo si se está cumpliendo, pero, en la Cámara de Diputados y en el Poder Judicial, la instrucción queda en suspenso porque los otrora “cajas” de resonancia y cómplices del presidencialismo, en estos momentos, no están de acuerdo a bajarse el salario y ganar menos que el Presidente,

Los magistrados, jueces y empleados del Poder Judicial, conocedores de todos los vericuetos legales para tratar de justificar el “por qué” no acceden a la reducción salarial, ha exhibido que la negativa de estos poderosos empleados se sustenta en el desempeño de sus funciones según ellos que los hace autónomos, y como tal exigen se respete esa autonomía, por lo menos, en lo que a sueldos, compensaciones, prestaciones y otros privilegios que actualmente ostentan.

Los señores ministros, consejeros, empleados y demás trabajadores que, ganan más que el Presidente, están dispuestos al desacato y según sus argucias legales estarán elaborando amparos en contra de la disposición de, López Obrador, para defender la autonomía del PJF y sus intereses.

Luis María Aguilar Morales, ha convocado a la unidad de todo el poder judicial para elaborar un amparo en contra de la Ley de Remuneraciones y evitar se toque el sueldo y prestaciones de él y toda la cúpula de ese poder, sin embargo, en un acto generoso el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo, que reducirán el presupuesto en gastos superfluos, algo así como 5 mil millones de pesos.

Al respecto, AMLO; por la vía jurídica presentará una ley reglamentaria del artículo 127 constitucional que a la letra dice nadie, de los tres poderes de la república, puede ni debe ganar más que el Presidente de la República.

La controversia podría existir y serían los propios magistrados del poder judicial quienes determinarían si procede o no la ley, sin embargo, hay conflicto de interese y lo malo sería que los ministros pudieran inclinar la balanza a su favor, haciendo a un lado la propuesta de Ley para que todos como lo ha dicho el Presidente se ajusten a la “Austeridad Republicana” y acepten la reducción salarial para ser congruente con este país de políticos ricos y pueblo pobre.

Los magistrados se esconden en la gran premisa que a su sueldo no le llaman beneficio personal ni privilegio, sino que la remuneración es necesaria pata poder otorgar resoluciones independientes y sin ningún tipo de presión; que la independencia del sector depende únicamente de su recto actuar y de las condiciones favorables que le permitan seguridad para un retiro razonable y digno

O sea ¿qué es responsable y digno?  Lo que Luis María Aguilar quiosco decir es que sus percepciones o mejor dicho su “condiciones”  son un merecimiento histórico que la Constitución protege cuando hablamos de los sueldos de los magistrados y jueces, todo el dinero producto del sueldo íntegramente se va al ahorro de cada uno de los miembros del poder judicial.

Sin embargo la radiografía que, López Obrador, hace de del gasto del poder judicial exhibe que estos señores al igual que diputados y la clase política dorada del ejecutivo perciben y percibían, respectivamente, emolumentos que rebasan lo dignamente permitido, o sea, aparte del sueldo esos hombre del poder obtienen sobresueldo, pago de choferes, asistentes, boletos de avión, cambio de vehículo, gastos de representación comidas, desayunos cenas, ayuda para pago de escuelas de los hijos, gasolina, mantenimiento de autos, gastos médicos mayores, cursos de capacitación, compra de vestuario, fondo de retiro, pago de sus bonos de productividad, riesgo y antigüedad.

Además de familiares contratados, amigos y empresas prestadoras de servicio con vínculos familiares a funcionarios judiciales, por eso y muchas cosas más los empleados del poder judicial de la federación entran en pleno desacato a la iniciativa presidencial, gozan ya de un amparo y el periodo de tregua por las vacaciones navideñas y, ya en enero, con los bolsillos llenos de dinero producto del aguinaldo, sueldo y prestaciones, quizás se sienten a negociar o quizás enfrenten directamente al ejecutivo para rechazar totalmente la propuesta que emana de la “Austeridad Republicana”.

Mientras esto sucede dos evidencias surgen importantísimas, los ministros, jueces, y consejeros judiciales entran en desacato, se amparan y sientan precedente para que todos los demás funcionarios que ya le entraron a la reducción salarial, tengan la oportunidad de reflexionar y optar por el amparo contra la medida que trata de implantar AMLO.

Por otro lado la independencia total a través de la autonomía sería la única distancia del poder judicial contra los otros dos poderes, sin embargo, el propio Presidente de la República ha dicho que el poder judicial con esos salarios y prestaciones muestra acciones deshonestas por percibir los salarios millonarios mientras el pueblo se queja de una vida paupérrima sumido en la pobreza.

Suburbio 1

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fl.carranco@gmail.com

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