Francisco L. Carranco.- A debate nacional, nuevamente, la ratificación que, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, hace con respecto a la militarización del país hasta el final de su sexenio, asunto que ha provocado opiniones encontradas al respecto, chocan los que apoyan y los detractores de la medida presidencial y, además, del régimen militar.
Antes de emitir cualquier opinión al respecto hay que mencionar que el pueblo mexicano, en general, reconoce la ayuda del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Fuerza Área Mexicana y otros grupos de élite de las fuerzas castrenses, por su invaluable ayuda en las contingencias que ha provocado la naturaleza sobre nuestro país: Huracanes, sismos, inundaciones, vigilancia en las fronteras y litorales del país y, en últimas fechas, la construcción de aeropuertos, infraestructura carretera, entre otras cosas y las tareas de Seguridad Pública.
Ahora, el debate surge en los mexicanos, porque el Presidente AMLO presenta el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, ante el asombro del pueblo mexicano, hablo en general porque sí hay gente que pide que el ejército siga en las calles esa es, precisamente, la sociedad que sufre el flagelo del crimen, la violencia e inseguridad provocada por la delincuencia y el aumento desmedido de muertes; apenas ayer el Presidente reconoce que el aumento de muertes al mes por violencia supera a los muertos por Coronavirus, en el mismo periodo.
Ante esto habrá que analizar escrupulosamente la decisión que ante la bola de humo, provocada por la crisis sanitaria, poca información hubo sobre este tema, en el cual queda oficializada la intervención militar en asuntos de seguridad pública en la nación.
Hay muchas vertientes en el escenario, dudas y, por supuesto, la crítica directa para AMLO porque durante la campaña presidencial siempre manifestó que las fuerzas armadas deberían regresar a los cuarteles, entonces, porque esta decisión que va en contra del compromiso adquirido con la ciudadanía de retirar a los militares de las calles del país.
Las razones están ocultas por la INFODEMIA provocada por la crisis sanitaria, ello no ha permitido ver y saber la esencia y verdadero soporte de la decisión presidencial, pero hay que advertir, estimado lector que, las fuerzas militares, nunca han salido de las calles, ni de los estado donde su mera presencia “ha contenido” que la delincuencia crezca.
Sin duda, a estas alturas del sexenio se confirma la renuncia a la potestad de las instituciones civiles de seguridad por ejercer el derecho constitucional de brindar seguridad a la población, ante la escalada de la violencia y los pocos y pobres resultados de las instituciones estatales de seguridad pública para ofrecer certidumbre y resultados a la población.
Los que reprochan la constitucionalización de las operaciones militares en nuestro país, son los mismos que se opusieron a la creación de la Guardia Nacional, donde con facultades superiores, los militares obtienen el poder de investigar a la población civil, investigaciones de rendición de cuentas y obligaciones de y otros temas reservados sólo para la persecución y prevención del delito del fuero común que, al incluir al ejército en estas acciones es un riesgo evidente de violación de derechos humanos y debilitamiento de las instituciones democráticas.
Por supuesto, porque las técnicas y estrategias de los militares rebasa cualquier acción de los ministerios públicos y corporaciones de seguridad pública que no dan resultados y en lugar de extinguirlas o capacitarlas para que protejan a la ciudadanía han sido proclives a desarrollar actividades protegidas por la corrupción e intereses de grupos apátridas que han descompuesto la lealtad y compromiso de los cuerpo policiacos al servicio del estado.
Viéndolo así, podríamos decir que la población civil estaría en riesgo de ser perseguida por los militares, porque su presencia en asuntos civiles, obviamente, deteriora el régimen político civil mexicano, cuyo deterioro ha sido más notorio en los últimos años.
En el fondo, la Guardia Nacional, cumple la misma función que la extinta Ley de Seguridad Interior: aquella que faculta a los militares para ser policías que detengan, investiguen y persigan a delincuentes del orden común, ya sea que se trate de un secuestrador, jóvenes fumando marihuana o un marido violento.
Existe otra razón, la más grave que atenta contra la estabilidad del estado y que, precisamente, el crecimiento de la violencia, inseguridad y acciones vinculadas con la delincuencia organizada y otros delitos del fuero federal que son muy ajenos al ordenamiento de la seguridad pública con mandato civil, que los detractores del ordenamiento no discutes ni ponen en la mesa de las decisiones.
Ante esto, al preocupación real de un gran segmento de la población que pide y solicita que el ejército y las fuerzas armadas no salgan de las calles, porque son los ciudadanos quienes están viviendo las oleadas de violencia en sus ciudades, que son víctima de delincuencia común y organizada, sin respuesta de las policías estatales que en ocasiones están coludidas.
La decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la resolución tomada fue desconcertante, porque, a pesar de haber criticado durante su campaña el uso del ejército en tareas de seguridad y de prometer un cambio profundo en la estrategia contra la inseguridad y violencia, hoy él ordena a las fuerzas militares quedarse en las calles y asumir tareas de seguridad pública.
Los riesgos para los derechos fundamentales que conlleva mantener a militares desplegados entre la población son grandes: el entrenamiento y armamento militar, junto con la falta de controles externos y de transparencia sobre su actuación, crean las condiciones para un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
Pero si esa fuerza, estrategia, inteligencia y acción se canaliza, exclusivamente, para enfrentar a la delincuencia organizada, quizás, pudiera equilibrar y minimizar la amenaza delincuencial apegado a derecho, y con las mismas condiciones técnicas y tácticas para liberar el yugo amenazante de los grupos delictivos que conviven con la sociedad, lastimándola, robándole y matándola.
Los últimos doce años han mostrado que, los militares en las calles de las ciudades, se trata de una política que no sirve para reducir la violencia, sino que tiene efectos contraproducentes, porque sólo hay acciones de patrullaje, sin estrategias, ni intenciones de perseguir y atrapar a los delincuentes, tanto que los propios soldados han sufrido vejaciones de los propios delincuentes que les faltan al respeto al uniforme, por no haber estrategia contra la delincuencia y delincuentes o será que alguien o “alguienes” los protegen. Recordemos el triste y celebre operativo que culminó con la liberación de Ovidio el hijo del Chapo o los insultos y golpes de parte de los huachicoleros.
